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Después de diez años asumió un obispo castrense y quiere que los genocidas se vayan a su casa

Santiago Olivera, obispo de Cruz del Eje, asumió el rol que estuvo vacante durante diez años. Fue designado por el Papa Francisco y se descarta la aprobación de Mauricio Macri.

Olivera ya se manifestó a favor de la prisión domiciliaria para los genocidas y aseguró que “los derechos humanos hay que vivirlos para todos”.

El último en ocupar el cargo fue Antonio Juan Basseotto, quien se hizo conocido en 2005 cuando envió una carta al entonces Ministro de Salud Ginés González García para manifestarle su postura ante la promoción del uso de preservativos y la legalización del aborto: “Quienes escandalizan a los pequeños merecen que les cuelguen una piedra de molino al cuello y los tiren al mar”, citó.

El obispado castrense tiene bajo su jurisdicción a los militares y civiles católicos enlistados en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, además del personal de los ministerios del área.

Lucas Bilbao es autor junto a Ariel Lede del libro “Profeta del genocidio: el Vicariato castrense y los diarios del Obispo Bonamín en la última dictadura”.

Bilbao analizó la vuelta de un rol que financia el Estado junto a la Iglesia y la figura de Olivera.

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Además, explicó la historia del Vicariato y su rol protagónico en la dictadura argentina.

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