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De la Obediencia Debida y el Punto Final al 2X1

El 3 de mayo pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una mayoría conformada por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, resolvió aplicar un cómputo especial, establecido por la ley 24.390, para calcular el tiempo de pena cumplido por el represor Muiña.

La Ley 24.390 fue sancionada en el año 1994, y estuvo vigente hasta el 2001, cuando fue derogada por la Ley 25.430. Tuvo como objetivo resolver una grave violación a los derechos humanos: la detención de personas con prisión preventiva, sin ser sometidas a juicio oral y público, durante largos períodos de tiempo. Pasados dos años en esa situación, la ley 24.390 establecía que se consideraría que cada día pasado en prisión, vale por dos. De ahí, el nombre popular de “2 x 1”. Los miembros de la Corte que decidieron que podían beneficiar con esta ley derogada  a Muiña -detenido en 2007 y condenado en 2011- entendieron que debía aplicarse por imperio del principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, aunque no hubiera estado privado de libertad ni un solo día mientras la 24.390 estuvo vigente. El fallo se emitió con una mayoría conformada por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. El documento, que contó con el voto en disidencia de los jueces Lorenzetti y Maqueda, abre la puerta a la impunidad de genocidas con la reducción de pena para los crímenes de la dictadura.

¿Por qué el fallo de la Corte provocó un rechazo tan masivo, incluso sumándose a las críticas -de modo hipócrita- funcionarios del gobierno y de una parte de la oposición, que construyen impunidad en sus actos y en sus decisiones diarias, y que impulsan proyectos de mano dura como la baja de edad de imputabilidad y el recorte de derechos para los llamados presos comunes?

Los motivos de este rechazo son que bajo el argumento de garantizar derechos, la Corte ha producido un fallo ilegal, al aplicar una ley derogada, que jamás estuvo vigente durante el tiempo en el que Muiña estuvo detenido. También, que esa ley fue sancionada para beneficiar a presos sociales, que padecían situaciones de hacinamiento y de violación del principio de inocencia.

La Corte afirmó que esa ley no establecía diferencias entre el motivo de la detención, pero justamente no podía establecer diferencias porque durante el plazo de su vigencia, los represores gozaban de la libertad que les otorgaban las leyes de impunidad (obediencia debida y punto final).

No se puede hacer decir a una ley sancionada para fines específicos, lo que esa ley no dijo.

No se puede aplicar una ley derogada para beneficiar a personas que esa ley jamás pudo haber tenido en cuenta.

El Estado, en todas sus instituciones, está obligado a prevenir, sancionar y evitar que se repitan los delitos de lesa humanidad.

En su comunicado de prensa Abuelas de Plaza de Mayo, junto a otros organismos de derechos humanos, remarcan que “Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír.”

Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), explica que se trata de un mensaje político hacia el resto del poder judicial.

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Pomares, remarca que no se trata de delitos comunes.

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Giselle Tepper, de HIJOS, sostiene que el fallo de la CSJN es un nuevo hito de impunidad en la historia de nuestro país.

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Tepper explica cuáles serían los alcances de este fallo.

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En relación a las declaraciones de  Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos, quien sostuvo estar de acuerdo con el fallo de la Corte, Tepper argumenta que en Argentina no hay igualdad de derecho.

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Además sostiene que el poder judicial con su corporación y otras instituciones civiles son partes de entramado que participó de los crímenes de lesa humanidad y garantes de esa impunidad.

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Baltasar Garzón, ex juez reconocido internacionalmente por su lucha en materia de Derechos Humanos, resalta la falta de apoyo en la legislación internacional de este fallo.

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Guillermo Pérez Roisinblit, hijo de desaparecidos y nieto recuperado, refuerza la idea de que el genocidio le ocurrió a toda la sociedad, no solo a sus víctimas directas.

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Imagen: Prensa La Libertad