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Vigilia en defensa del Bauen

La cooperativa que lleva adelante la recuperación del Bauen convoca mañana a las 20 horas a un festival y vigilia para frenar el desalojo del hotel, ubicado en Callao 360.

Hoy lograron una medida cautelar que logra frenar momentáneamente el desalojo.

Hoy era la fecha límite que puso la  jueza Paula Hualde, al frente del Juzgado Comercial N° 9, para que se concrete el desalojo del Hotel , aunque sea por la fuerza pública. Es la notificación que recibieron los cooperativistas.

Andrés Ruggeri, antropólogo social (UBA) y director programa Facultad Abierta, analiza en qué contexto se da esta orden de desalojo.

Por otra parte, Ruggeri describe la actitud del gobierno de Cambiemos ante nuevos conflictos vinculados a empresas recuperadas.
 Eva Losada, presidente de la Cooperativa BAUEN, afirma que se mantendrán firme en su postura en defensa del trabajo autogestivo.
 Losada, por otro lado, comenta el proceso legal que vienen atravesando para la expropiación.

Trabajadores de AGR: “Nos vamos para evitar enfrentamientos pero la lucha sigue”

Promediando la tarde y ante la certeza de un desalojo sangriento por parte de fuerzas municipales y federales los trabajadores de AGR-Clarín optaron por un desalojo voluntario de la planta de Corrales al 1300.
Pablo Viñas, Secretario General, se dirigió a la gente que se encontraba en el lugar. rescató la dignidad que tuvieron los trabajadores al ocupar la planta por 82 días e instó a resistir los cierres y despidos con más ocupación.
Lejos de claudicar, los trabajadores decidieron establecer un acampe frente a la planta para seguir reclamando la reincorporación y el respeto de los Convenios Colectivos de Trabajo.
Esta mañana la policía rodeó la fábrica de Pompeya. Una comitiva de efectivos entró a la planta y comprobó el excelente estado de las máquinas.

Más sobre AGR

 

El MoCaSe denunció un nuevo ataque por parte de la empresa Manaos

El pasado sábado 24 de septiembre el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSe) denunció un nuevo ataque en la comunidad Guaycurú Iaku Cachi de Bajo Ondo, que terminó con un miembro de esa comunidad herido de bala de plomo, viviendas incendiadas y matanza de animales. Se trata de patotas armadas que responden al empresario Orlando Canido, dueño de Manaos, y que buscan desalojar a las comunidades que habitan el monte.

Gustavo Vasallo del Movimiento Campesino de Santiago del Estero relata cómo se sucedieron los hechos.

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Vasallo describe quién es Orlando Canido y cuál es método de apropiación de los terrenos.

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El contexto amplio: “La avanzada neoliberal y de la Derecha en Latinoamérica está buscando quedarse con lo que queda de los recursos naturales, que están protegidos por comunidades campesinas e indígenas”.

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Desalojaron a siete familias campesinas en Santiago del Estero

Ocurrió el miércoles 19, en la comunidad de Bajo Hondo, tras una orden dictada por la jueza Maria Lucrecia Martinez Llanos.

El desalojo ocurrió en momentos en que una apelación presentada por la agrupación campesina esperaba por una resolución de parte de la Justicia.

El desalojo se produjo en el marco del conflicto por la tierra entre las familias integrantes del MOCASE Vía Campesina y la familia Canido, dueña y responsable de la marca Manamos, propiedad de la empresa Refres Now S.A.

El conflicto se estaba encausando en una mesa de diálogo provincial y un comité de emergencia donde las partes se sentaron a negociar luego de varios intentos por parte de la empresa de ocupar las tierras.

Intentos que implicaron destrucción de hogares y cosechas, y amedrentamiento a los pobladores por parte de fuerzas de choque y patotas que atacaron a las familias.

De acuerdo a la agrupación campesina, desde hace más de 10 años, Canido avanza sobre tierras comunales en los departamentos de Moreno, Juan Felipe Ibarra y Alberdi, en la provincia de Santiago del Estero.

Se trata de más de cuatro mil hectáreas en las que por irregularidades en las escrituras, existen hasta ocho dueños por lote. Sin embargo, en ellas viven segundas y terceras generaciones de campesinos indígenas.

Canido presentó un plan ganadero que fue aprobado por Dirección de Bosques de la provincia, aunque en 2014, el mismo fue suspendido.

A pesar de la medida del organismo, las topadoras siguieron trabajando y haciendo uso de los recursos de esas tierras.

A través de denuncias, los pobladores organizados consiguieron que Bosques constate el incumplimiento de la suspensión de su programa, aunque para ese entonces ya había avanzado sobre 500 hectáreas de la que extrajo recursos.

Los conflictos violentos por la tierra tienen tristes antecedentes en Santiago del Estero. Producto de la violencia contra las comunidades, Cristian Ferreyra y Miguel Galván resultaron muertos.

Ferreyra, 23 años, de San Antonio. Formaba parte de la comunidad indígena lule-vilela, que habita dos mil hectáreas comunitarias. El 16 de noviembre de 2011 dos personas encapuchadas llegaron a la casa de uno de sus compañeros y le dispararon con una escopeta al joven referente.

El campesino Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado el 10 de octubre de 2012, de una puñalada por un grupo armado que de acuerdo a Mocase responde, una vez más, a un empresario agropecuario.

Por el momento, las campesinas y campesinos pasaron por encima de las fuerzas policiales y recuperaron el territorio y restituyeron los hogares a las familias desalojadas.

Adolfo Farías, vocero del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, describe los intereses de la familia Canido sobre las tierras en las que viven los integrantes del MOCASE.

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La Policía Federal desalojó a manteros del barrio de Caballito

Trabajadores que se encontraban en la intersección de las calles Acoyte y Rivadavia fueron desalojados el lunes por efectivos de la federal en un operativo ordenado por la Fiscalía porteña. El pasado jueves 21 de enero las policías Metropolitana y Federal realizaron más de 20 allanamientos en depósitos textiles y desalojaron a manteros que trabajaban sobre la avenida Avellaneda, en Flores.
Omar Guaraz, representante de “Vendedores Libres”, explica cómo se sucedieron los hechos.
Además, Guaraz denunció que la solución propuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es una pantalla para poder ejercer mayor control sobre los trabajadores y sus mercancías.

Amenaza de desalojo en la fábrica recuperada Acoplados del Oeste

La semana pasada la Unidad Fiscal de Instrucción número 2 de Morón emitió una orden de desalojo para la ex fábrica Petinari, la misma tenía fecha efectiva para hoy a las 10 de la mañana. Los y las trabajadoras mantuvieron reuniones de negociación con el juez del concurso y la empresa para poder llegar a un acuerdo mutuo. Sin embargo los ex dueños intentaron impulsar la vía del desalojo. Ante esta situación los cooperativistas presentaron una apelación para evitar que se haga efectivo el desalojo.
Finalmente se dio lugar a la apelación presentada por los y las trabajadoras, no obstante la orden de desalojo quedó pendiente aunque sin fecha establecida.

Hernán Nair, cooperativista de Acoplados del Oeste, explica cómo se sucedieron los hechos desde el pasado 3 de agosto.

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Desalojo en La Robla

Hoy a las cinco de la mañana, la Policía Federal desalojó el restaurante tradicional español La Robla, administrado por sus trabajadores. Según Carlos De Luca, secretario de la cooperativa, el desalojo se realizó “sin previo vallado ni protocolos correspondientes”.

De Luca explica cuál es la situación actual de los 21 trabajadores del restaurante ubicado en el barrio de San Nicolás ya que no cuentan con otro espacio donde poder trasladarse.

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Buscan rematar el Espacio Cultural Pompeya

El espacio funciona dentro de una fábrica abandonada que fue ocupada por la asamblea del barrio durante la crisis del 2001 y se realizan actividades solidarias, culturales y de apoyo escolar. Ahora el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 1 avanza en su intento de rematar el lugar a pedido del Banco Provincia, ex acreedor del taller que allí funcionaba.

Claudia Korol, integrante del equipo de educación popular del centro, describe las presentaciones hechas en la Justicia y la legislatura porteña para frenar la venta del espacio.

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Intento de desalojo de comunidad indígena en Santiago del Estero

La empresa de gaseosa “Manaos” contrató paramilitares para desalojar una comunidad indígena Guaycurú del Lote 5. Efectivos del Grupo Especial de Rescate (GETOAR)  detuvieron al líder de esa banda, pero el resto de los miembros escaparon.

Adolfo, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina de Santiago del Estero(MNCI-VC), explica lo ocurrido.

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Por otro lado, comenta la importancia del juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, joven campesino que fue baleado hace 3 años por el sicario Javier Juarez, bajo las órdenes del empresario Jorge Ciccioli.

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"Lugano era evitable"

Luciana Bercovich, integrante de la Asociación por la Igualdad y la Justicia, criticó la falta de medidas del Estado para combatir la crisis habitacional.

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Además, manifiesta que el macrismo solo actúa en casos de emergencia y que no existen espacios que piensen la crisis de vivienda de manera estructural.

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