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“El mensaje de la marcha contra el 2×1 fue extraordinario”

Medio millón de personas se manifestaron contra el 2×1 para beneficiar a genocidas. Antes, el pleno del Senado aprobó una ley para que no pueda volver a aplicarse el recurso en crímenes de lesa humanidad.

Carlos Rozanski, ex Juez Federal de La Plata, fue quien condenó a Miguel Etchecolatz y al capellán Cristian Von Wernich. Dice que la posible salida en libertad de los represores “afecta a la salud mental del pueblo” y celebra la movilización masiva de ayer contra la impunidad.

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Entrevista completa

Taller de Radio y Periodismo y Taller de Edición de Sonido

Desde La Tribu pensamos la capacitación como un espacio para compartir lo que nos apasiona y desde ese sentimiento desarrollamos propuestas sobre distintos aspectos de la producción radiofónica. Los talleres combinan la educación popular y la educación formal. Todos son teórico-prácticos.

Para + información o consultas, escribir a: capacitacionlatribu@gmail.com o llamar al 4865-7554.

*Taller de Radio y Periodismo

Miércoles de 19 a 21 hs – 10 encuentros – Empieza el 10 de mayo

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*Taller de Edición de Sonido para Radio

Lunes de 19 a 22 hs – 12 encuentros – Empieza el 29 de mayo

Lenguaje radiofónico :: Física del sonido :: Señal acústica :: Señal eléctrica :: Dispositivos de edición :: Digitalización :: Producción artística :: 

 

De la Obediencia Debida y el Punto Final al 2X1

El 3 de mayo pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una mayoría conformada por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, resolvió aplicar un cómputo especial, establecido por la ley 24.390, para calcular el tiempo de pena cumplido por el represor Muiña.

La Ley 24.390 fue sancionada en el año 1994, y estuvo vigente hasta el 2001, cuando fue derogada por la Ley 25.430. Tuvo como objetivo resolver una grave violación a los derechos humanos: la detención de personas con prisión preventiva, sin ser sometidas a juicio oral y público, durante largos períodos de tiempo. Pasados dos años en esa situación, la ley 24.390 establecía que se consideraría que cada día pasado en prisión, vale por dos. De ahí, el nombre popular de “2 x 1”. Los miembros de la Corte que decidieron que podían beneficiar con esta ley derogada  a Muiña -detenido en 2007 y condenado en 2011- entendieron que debía aplicarse por imperio del principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, aunque no hubiera estado privado de libertad ni un solo día mientras la 24.390 estuvo vigente. El fallo se emitió con una mayoría conformada por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. El documento, que contó con el voto en disidencia de los jueces Lorenzetti y Maqueda, abre la puerta a la impunidad de genocidas con la reducción de pena para los crímenes de la dictadura.

¿Por qué el fallo de la Corte provocó un rechazo tan masivo, incluso sumándose a las críticas -de modo hipócrita- funcionarios del gobierno y de una parte de la oposición, que construyen impunidad en sus actos y en sus decisiones diarias, y que impulsan proyectos de mano dura como la baja de edad de imputabilidad y el recorte de derechos para los llamados presos comunes?

Los motivos de este rechazo son que bajo el argumento de garantizar derechos, la Corte ha producido un fallo ilegal, al aplicar una ley derogada, que jamás estuvo vigente durante el tiempo en el que Muiña estuvo detenido. También, que esa ley fue sancionada para beneficiar a presos sociales, que padecían situaciones de hacinamiento y de violación del principio de inocencia.

La Corte afirmó que esa ley no establecía diferencias entre el motivo de la detención, pero justamente no podía establecer diferencias porque durante el plazo de su vigencia, los represores gozaban de la libertad que les otorgaban las leyes de impunidad (obediencia debida y punto final).

No se puede hacer decir a una ley sancionada para fines específicos, lo que esa ley no dijo.

No se puede aplicar una ley derogada para beneficiar a personas que esa ley jamás pudo haber tenido en cuenta.

El Estado, en todas sus instituciones, está obligado a prevenir, sancionar y evitar que se repitan los delitos de lesa humanidad.

En su comunicado de prensa Abuelas de Plaza de Mayo, junto a otros organismos de derechos humanos, remarcan que “Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír.”

Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), explica que se trata de un mensaje político hacia el resto del poder judicial.

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Pomares, remarca que no se trata de delitos comunes.

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Giselle Tepper, de HIJOS, sostiene que el fallo de la CSJN es un nuevo hito de impunidad en la historia de nuestro país.

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Tepper explica cuáles serían los alcances de este fallo.

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En relación a las declaraciones de  Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos, quien sostuvo estar de acuerdo con el fallo de la Corte, Tepper argumenta que en Argentina no hay igualdad de derecho.

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Además sostiene que el poder judicial con su corporación y otras instituciones civiles son partes de entramado que participó de los crímenes de lesa humanidad y garantes de esa impunidad.

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Baltasar Garzón, ex juez reconocido internacionalmente por su lucha en materia de Derechos Humanos, resalta la falta de apoyo en la legislación internacional de este fallo.

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Guillermo Pérez Roisinblit, hijo de desaparecidos y nieto recuperado, refuerza la idea de que el genocidio le ocurrió a toda la sociedad, no solo a sus víctimas directas.

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Imagen: Prensa La Libertad

 

“Están muy gedes”

Estudiantes secundarios denuncian la entrada de policías armados a los colegios. Ocurrió tanto en el Mariano Acosta como en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Además, señalan que las fuerzas realizan tareas de inteligencia y hostigamientos directos contra los centros de estudiantes.

Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Acosta, cuenta la situación que vivieron en el marco de una clase pública en defensa del salario docente. Además, las evidencias de las tareas de inteligencia sobre la organización de los alumnos y otros casos de atropellos.

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Conversación completa con representantes de tres colegios.

Más edificios, menos vida

El Gobierno de la Ciudad quiere realizar modificaciones en el Código de Planeamiento Urbano. La planificación comenzó con los desarrolladores inmobiliarios antes de ponerlo en discusión con los vecinos. El proyecto busca aumentar aún más la posibilidad de construir en altura en barrios ya colapsados.

Esto se suma al encarecimiento de los suelos por la especulación inmobiliaria y un proceso de gentrificación que vuelve a Buenos Aires una ciudad cada vez más exclusiva.

Octavio Fernández, integrante del grupo de Patrimonio de la Comuna 5 Almagro-Boedo, analiza la situación.

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Entrevista completa

#Informe: ¿Quién es Higui? ¿Por qué la queremos libre?

Un ataque que condensa violencia heteronormativa, de género, de clase, física y patriarcal. 

Higui, Analía Eva Dejesús, está presa desde el 16 octubre de 2016. Ese día una patota de diez hombres la ataca en Bella Vista, partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires. Estaba en la casa de una amiga y decide irse porque se cruza con Cristian Rubén Espósito, uno de los agresores.

Espósito ya la había hostigado otras veces. Cada vez que Higui iba a ese barrio sufría algún ataque: le tiraban piedras ó le robaban la bicicleta. Una vez le dieron tres puntazos en la espalda que la mandaron al hospital donde estuvo internada varios días.

Higui decide irse para evitar estar con él. Camina sola por el pasillo que comunica la casa de su amiga con la calle Irustia. Espósito y 9 hombres más la van a buscar al pasillo. Le pegan. La tiran al suelo. E intentan violarla.

–Te voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana -le gritan.

Ella se defiende para no ser violada.  Acostumbrada a los hostigamientos carga siempre con un cortaplumas. Saca su navaja y mata a uno de sus agresores: a Espósito.

Cuando llega la policía Higui estaba golpeada e inconsciente. La trasladan al Destacamento de San Martín. Llega desfigurara  y con toda la ropa rota, sucia y ultrajada. La encierran en un calabozo sin atención médica. A Espósito lo trasladaron al hospital.

Higui se entera que su agresor había muerto recién al día siguiente, en la indagatoria.  Creía que sólo lo había lastimado.  Higui está imputada por homicidio simple y con prisión preventiva. Raquel Herminda Leyenda, su abogada, asegura que la causa tiene varias irregularidades. Y que la justicia trabajó a reglamento pero no respetó los derechos, ni garantías constitucionales, ni investigó lo que declaraba Higui.

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Irregularidades en la causa:

La primera irregularidad de la causa es la carátula que responde a las declaraciones que hizo un supuesto testigo. Que dijo que Higui se le había tirado encima a Espósito sin motivo y que él, ya herido de muerte en el tórax, había sido capaz de desfigurarla de una trompada. Higui y su familia denuncian que este testigo era parte de la patota que la hostigaba y  que la atacó ese domingo a la noche.

La segunda irregularidad es el acta de procedimiento que redacta el policía que encuentra a Higui y a Espósito. Es muy corta y no menciona el estado en el que estaba Higui. No habla ni de golpes, ni de la ropa rota.

La tercera irregularidad es la falta de una defensa oficial. Higui no pudo encontrarse, ni siquiera el día de su detención e indagatoria, con su defensa oficial. Tampoco su familia pudo acceder a la funcionaria judicial, a pesar de que muchas veces intentaron comunicarse. Recién en diciembre del año pasado y después de que la Defensoría de Género de Malvinas Argentinas iniciara una mesa de trabajo con otras organizaciones políticas y sociales, la defensora oficial fue reemplazada. En ese momento Raquel Hermida Leyenda toma la defensa de Higui.

La falta de atención médica es otra irregularidad en la causa, a pesar de que Higui estaba desfigurada y golpeada. Tampoco le hicieron tests para determinar su estado físico ni verificar los signos de abuso. Raquel Hermida Leyenda asegura que tampoco le realizaron una pericia psicológica, aún cuando Higui declaró que habían intentado abusar de ella.

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Recién en abril de este año le realizaron a Higui los estudios de psicodiagnóstico. Se les tomó todos los test de rutina. Y también se le hizo el test de Raven que analiza una serie de figuras, secuencias y patrones para saber si ella podía comprender todo lo que le pasó. Además se le hizo un segundo test de Rorschach que mostró el estrés postraumático que vivió Higui. Esto certifica lo que ella declaró en la indagatoria: que intentaron violarla.

Raquel Hermida Leyenda asegura que Higui no tiene problemas de conducta, es una persona plena en sus capacidades mentales. Lo que hizo fue defenderse.

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Otra de las irregularidades en la causa es que no se peritó la ropa de Higui. Algo que también podría haber aportado pruebas del abuso. La Policía Científica de San Martín está a cargo de la pericia, pero Raquel Hermida Leyenda asegura que no cree que el resultado sea muy revelador. Porque no hay garantías de que la cadena de custodia de esa ropa este protegida.

Violencias sobre Higui:

El ataque a Higui condensa distintas violencias: la heteronormativa, de género, de clase, física y patriarcal.

La heteronorma como dice su palabra es la norma heterosexual, un régimen social, político y económico que impone las prácticas sexuales heterosexuales a través de distintos mecanismos: médicos, artísticos, educativos, religiosos, jurídicos, etc. Y las distintas instituciones  presentan a la heterosexualidad como el único modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco.  Todo lo que se corre a esta norma se lo refuta, descalifica, cae en pecado, condena, merece la muerte o la violación.

Sandra Aguilar, integrante de Desde el Fuego, colectiva feminista y disidente, asegura que la violencia heternormativa se puede expresar en una violación correctiva. Y que la expresión de género de Higui, “lesbiana chonga”, genera en los varones una amenaza de su propia masculinidad. 

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El Artículo 34 del Código Penal habla de imputabilidad en nuestra legítima defensa. Justifica el accionar cuando alguien entra a nuestra casa. Y asegura que nuestro domicilio es inviolable y quien lo agrede está violando una garantía constitucional que es la privacidad de nuestro domicilio.

Raquel Herminda Leyenda  asegura que lo que nuestra constitución nacional y nuestros códigos no tienen en cuenta es que nuestrxs cuerpos también son inviolables. Y tenemos derecho a decir que no, o a consentir el acto.  Además afirma que si sos varón la justicia argentina reconoce el derecho a ejercer tu masculinidad para defenderte,  pero si sos mujer esto se pone en duda.

La abogada busca que la justicia le dé la razón en que nuestro cuerpo también es inviolable.  Higui se defendió de una patota y tenía derecho a hacerlo.

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Para escuchar el informe completo hacé click acá.  

 

 

 

40 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo

El 30 de abril de 1977 catorce madres, junto a Azucena Villaflor y Mirta Acuña de Baravalle, comenzaron a juntarse en la Plaza de Mayo para reclamar la aparición con vida de sus hijos e hijas. Fue la primera manifestación en plena dictadura que se sostiene hasta la actualidad.
Como hace 40 años y para recordar aquella primera ronda, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se reunieron alrededor del monumento a Belgrano frente a la Casa Rosada.

Mirta Acuña de Baravalle, recordó aquella primera ronda cuando esperaba que el genocida Videla la recibiera para darle respuestas sobre la desaparición de su hija Ana María embarazada de 5 meses.

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Pasa el tiempo y el reclamo de justicia no solo es el mismo, sino que se amplifica a violaciones sistemáticas en el presente. “Llevamos 40 años de padecimiento y no hemos visto nada todavía”, dijo María del Rosario Carballeda de Cerruti, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

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Elia Espen, de Línea Fundadora, pidió a los jóvenes que sigan luchando por la apertura de los archivos para garantizar la continuidad de la pelea por memoria, verdad y justicia.

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Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, también recordó a sus compañeras secuestradas y asesinadas por el terrorismo de Estado

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A 40 años el daño provocado por la última dictadura cívico religiosa militar persiste. En este sentido Nora señaló, una vez más, la importancia de la apertura de los archivos.

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A cuatro décadas Madres y Abuelas continúan su lucha por la Memoria, Verdad y Justicia. “Nuestros hijos están acá, en la Plaza, cada jueves, cada vez que vamos a un acto, cada vez que estamos abrazándonos están nuestros hijos y nuestras hijas. No nos vencerán”, concluyó Nora Cortiñas.

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Es Araceli

Se confirmó que el cadáver encontrado en José León Suárez es Araceli Fulles, quien estaba desaparecida desde el 1 de abril.

Editorial del programa La Mar en Coche

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El cuerpo de Araceli estaba bajo los escombros de una casa en José León Suárez, a siete cuadras de donde se la había visto por última vez.

La casa pertenece a Darío Gastón Badaracco, quien declaró cuatro veces, luego se profugó y fue capturado 24 horas después.

Badaracco dijo que vio a Araceli la noche anterior a su desaparición. Además se encontró ADN de Araceli en el camión que Badaracco usa para los repartos del corralón donde trabaja.

Hay seis detenidos sospechados de complicidad con el crimen y tres policías bonaerenses desafectados. Uno de los efectivos es hermano de dos de los detenidos.

Victoria Freire, socióloga, coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas de la Ciudad, coordinadora de la plataforma Ahora Buenos Aires y referente de Mala Junta-Patria Grande, aseguró que cada 18 horas muere una mujer víctima de feminicidio.

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Por otra parte, analizó el operativo policial y mediático, ante la frecuencia de este tipo de asesinatos y la importancia de las primeras horas de desaparición.

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“Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela”

La situación en Venezuela se recrudeció a partir de que la oposición denunciara al presidente Nicolas Maduro de llevar un “golpe de
estado”, después de que el Tribunal Supremo decidiese retirar las competencias a la Asamblea Nacional por estar en desacato.

El politólogo y analista Atilio Borón reflexiona sobre los escenarios posibles a partir de la escalada en la violencia.

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Por otra parte, destaca el rol de Estados Unidos detrás de los enfrentamientos, y el objetivo de fondo.

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El juicio contra dirigentes sociales por protestar contra el crimen de un compañero

Ayer empezó el juicio oral contra tres dirigentes sociales: Luis D’Elía, Lito Borello y Luis Bordón.

Es por la toma de la Comisaría 24 de La Boca en el año 2004. En aquel entonces las organizaciones protestaban por el asesinato del militante social Martín “El Oso” Cisneros, integrante de la Organización Política y Social Los Pibes.

Los acusan por lesiones leves, daño agravado por tratarse de bienes de uso público, atentado a la autoridad calificado, daño simple, privación ilegítima de la libertad coactiva y agravada, instigación a cometer delitos, amenazas con el objeto de obtener una concesión de parte de los poderes públicos y robo agravado.

Lito Borello, histórico dirigente de Los Pibes y Secretario de Derechos Humanos de la CTEP, repone los hechos y enmarca los procesamientos en una seguidilla de represiones a las organizaciones.

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