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¿Dónde está Santiago Maldonado?

Miles de personas marcharon a Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.

El joven de 28 años que visitaba la comunidad en resistencia mapuche Cushamen en Chubut fue visto por última vez intentando escapar a la represión del 1 de agosto.

Creen que se lo llevó detenido Gendarmería, que hasta el momento no dio información sobre la detención de Maldonado. En los últimos días se realizaron allanamientos en escuadrones de gendarmería de El Bolsón y Esquel. Se están investigando rastros de sangre, piel y una soga que estaba en una camioneta de la fuerza.

Organismos de derechos humanos exigen su inmediata aparición y responsabilizan al Presidente Mauricio Macri y a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ya que el Jefe e Gabinete de esta cartera, Pablo Nocetti, viajó especialmente a la Patagonia a coordinar las acciones represivas contra los mapuches. Sin embargo, Bullrich sostiene que el caso no debe enmarcarse como “desaparición forzada” y sigue sosteniendo que no hay registros de que Santiago haya sido capturado por Gendarmería.

De hecho, fuerzas de seguridad hicieron un peritaje en el terreno de la Biblioteca del Río en El Bolsón, un lugar donde vivió Santiago. Nora Corvalán, vecina de la zona, cuenta lo ocurrido.

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Al mismo tiempo, policías provinciales allanaron el Barrio Ecológico de Pueblo Belgrano en Entre Ríos, siguiendo una pista falsa de un hombre que creyó haber llevado a Maldonado a dedo en su camioneta, versión que se cayó en menos de 24 horas. Claudina, vecina del barrio, cuenta cómo sufrieron este ingreso de las fuerzas de seguridad.

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El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y Amnistía Internacional exigieron al Gobierno argentino acciones urgentes ante la desaparición de Maldonado y para que se solucionen los conflictos de fondo con las comunidades mapuches.

 

 

 

¿Quién es Diego Kravetz?

El Secretario de Seguridad de Lanús es el responsable político de la represión policial dentro del comedor comunitario “Los Cartoneritos” y participó de la producción de la entrevista a “El Polaquito”, en el programa de Jorge Lanata. Su carrera estuvo cercana a Jorge Telerman, al movimiento de fábricas recuperadas, integró el Frente para la Victoria, coqueteó con Massa y ahora es macrista. Su actual segundo, Daniel Villordo, es un ex policía acusado de pedir coimas, regentar prostíbulos y robarse 180 kilos de cocaína de un operativo.

El periodista Ricardo Ragendorfer analiza su perfil.

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Entrevista completa

La Policía Bonaerense y Gendarmería reprimieron a trabajadores de PepsiCo

Esta mañana Infantería ingresó a la planta de Pepsico para desalojar la fábrica luego de 17 días de toma. Los trabajadores mantenían desde el 20 de junio una vigilia en la empresa para evitar el cierre de la misma y defender los 600 puestos de trabajo. La orden de desalojo fue firmada por la jueza a Andrea Rodríguez Mentasty.

Cinco trabajadores fueron detenidos luego de la violenta represión y liberados al rededor de las 11.30hs.

Mauri Polchi relata cómo sucedieron los hechos.

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Los diputados Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, Luis Zamora, Autodeterminación y Libertad, y Leonardo Grosso, Peronismo para la Victoria, se hicieron presentes en el lugar.

Leonardo Grosso, referente del Movimiento Evita, denuncia el accionar del fiscal Gastón Larramendi y la jueza Mentasty.

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Alejandro Sosa, trabajador despedido de la planta de Florida de Pepsico, expresa que el despido de 600 empleados y cierre de la fábrica tiene que ver con una decisión política de la multinacional.

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“Nos reprimen para fidelizar el núcleo duro de sus votantes”

Esta tarde reprimieron a cooperativistas en la 9 de Julio.

Mas de 20 organizaciones reclamaban por la reincorporación de 40 mil cooperativistas frente al Ministerio de Desarrollo Social.

Además pedían que no se den de baja las pensiones por discapacidad, el pago del salario social complementario, que se declare la emergencia alimentaria y emergencia tarifaria para fábricas recuperadas y cooperativas.

En medio de las negociaciones, la Policía de la Ciudad reprimió con balas de goma, gases y camiones hidrantes.

El saldo represivo fue de 3 heridos por balas de goma y una persona con heridas graves en el Hospital Argerich.

La Policía detuvo a 9 manifestantes, de los cuales se desconoció su paradero por varias horas.

Dos menores fueron derivados al Instituto Inchausti.

La causa contra los manifestantes está caratulada como intimidación pública y resistencia a la autoridad.

Lionel Stiglitz, integrante de Tendencia Piquetera Revolucionaria, resume el pliego de reivindicaciones, la falta de respuestas del Ministerio y el accionar policial. “Nos llaman a conversar y en ese momento nos reprimen: es una orden de arriba iniciando la campaña electoral de Macri. Apuestan a fidelizar el núcleo duro de sus votantes”, sostiene.

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Baja condena para un policía y absolución para dos que reprimieron con plomo en Sala Alberdi

El policía Gabriel Pereira De la Rosa fue condenado a tres años de cárcel en suspenso e inhabilitación especial por cuatro años para ejercer la función pública por abuso de armas agravado. Miguel Ledesma y Nelson Acosta fueron absueltos.

“Aún con esta sentencia de mierda, es un triunfo de la organización y la lucha haber llegado hasta acá”, dijo al salir de Tribunales la abogada querellante María del Carmen Verdú.

El hecho ocurrió el 13 de mayo de 2013, cuando la Policía Metropolitana reprimió a quienes llevaban adelante la toma de la Sala Alberdi contra el vaciamiento del espacio que funcionaba en el Centro Cultural San Martín.

Hubo tres heridos de plomo, dos de ellos comunicadores populares de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).

Los policías estaban acusados de tentativa de homicidio calificado y la querella había pedido 20 años de cárcel.

Verdú contó cómo fueron las últimas palabras de De La Rosa, que se vanaglorió de haber participado de las represiones en las que participó, incluyendo el 19 y 20 de diciembre de 2001 y el Parque Indoamericano:

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Una vez más, no hay avances contra los responsables políticos: Mauricio Macri era el Jefe de Gobierno, Hernán Lombardi estaba al frente de la cartera de Cultura y Guillermo Montenegro era el Ministro de Seguridad.

La querella había pedido una condena alta porque consideraba que habían tirado a matar.

Sin embargo, el Fiscal Oscar Ciruzzi no acompañó el pedido de pena máxima: entendió que solo existió abuso de arma. Solicitó la pena  de tres años y tres meses de cárcel con cuatro de inhabilitación por ser funcionarios públicos. Sostuvo que no puede haber tentativa de homicidio, ya que no reconoció a los acusados en las pruebas. “No fueron disparos continuos, por lo cual no puedo decir que hubo intencionalidad de matar”, sostuvo.

Verdú manifestó las contradicciones del fiscal:

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Además, dijo que es difícil tener expectativas “si la justicia juega con las reglas habituales de protección al aparato estatal”:

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Entrevista completa

Esteban Ruffa, uno de los heridos de aquella represión, cuenta el trabajo que hicieron para poder reconstruir pruebas que comprometen tanto a los policías como a quienes ordenaron el operativo:

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Entrevista completa

Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, estuvo presente en la segunda jornada del juicio. En declaraciones a Radionauta, Destacó el testimonio de las comunicadoras que cubrieron la represión y remarcó el fallido del por entonces Inspector de la Policía Metropolitana, Diego Castillo, que reconoció haber ido a buscar “PG”, que en la jerga significa “postas de guerra”:

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Diario del juicio

“Es peor que el consenso: reprimir suma votos”

Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), analiza el avance represivo y utiliza como ejemplo el ingreso de la policía al comedor Los Cartoneritos de Lanús.

Grabois entiende estos hechos como un ataque directo de las gestiones municipales a las organizaciones, amparados por algo más que el aval de los sectores más pudientes: “La división de clase es la verdadera grieta que hay en la sociedad argentina”, sostiene.

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A 4 años de la represión al Borda: “Los planes del Gobierno eran ilegales”

El 26 de abril de 2013, 400 efectivos de la Policía Metropolitana ingresaron de manera ilegal al Hospital Borda. Sin una orden orden judicial, el Taller protegido N°19, fue demolido, a pesar de una medida cautelar que lo protegía de los avances del Gobierno de la Ciudad sobre los terrenos del neuropsiquiátrico. Aquel día, los efectivos desalojaron del lugar a trabajadores, internos, voluntarios y periodistas, en medio de una feroz represión que dejó 50 heridos y ocho detenidos.

Por el operativo, se inició una causa penal en la que estuvieron imputados, como responsables políticos, el ex jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, la ex vicejefa María Eugenia Vidal; los ministros Guillermo Montenegro (Seguridad y Justicia) y Graciela Reybaud (Salud). Las imputaciones también cayeron sobre Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gabinete y Daniel Chaín, ex ministro de Desarrollo Urbano, que fue quien ordenó demoler el taller, a pesar de la protección judicial. Todos fueron sobreseídos en 2015.

Por el lado de la policía, están procesados Horacio Giménez, ex comisario general de la Policía Metropolitana; Ricardo Pedace, ex subjefe de la Policía Metropolitana, y Martín Roth, efectivo de la Metropolitana que fue fotografiado cuando disparaba contra internos y trabajadores.

El objetivo de las autoridades porteñas era comenzar a despejar el terreno para la construcción del Centro Cívico que la ciudad había planificado en los terrenos del Borda. El proyecto, sin embargo, estaba frenado a partir un amparo presentado en 2012 por funcionarios públicos y a una cautelar dictada por la jueza Andrea Danas.

Para 2017, el Gobierno de la Ciudad proyectó la construcción del “Polo de Neurociencia” entre el Hospital Moyano y el Borda, con la intención de desarrollar la investigación en la materia y utilizar sectores del hospital para la instalación de nuevos dispositivos.

Martín Alderete, abogado querellante en la causa, y miembro de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, sostiene que la resistencia en el Borda marcó un fuerte precedente para futuras avanzadas del Gobierno de la Ciudad.

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El proyecto actual contempla reacondicionar el hospital bajo la lógica de la neurociencia, es decir, de tratamientos biologicistas que profundizan la concepción monovalente de la salud mental y tienden a la medicalización de las patologías.

Si bien la ley de Salud Mental 26.657 plantea que para 2020 deberían dejar de existir los neuropsiquiátricos, el hospital cuenta con alrededor de 500 personas internadas y no existen casas de medio camino, oportunidades de vivienda ni programas que promuevan la inserción laboral, cuestiones que, también, están contempladas en la ley.

Natalia Gómez, del Frente de Artístas del Borda, se refiere a esta concepción de la salud y sus implicancias.

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El juicio contra dirigentes sociales por protestar contra el crimen de un compañero

Ayer empezó el juicio oral contra tres dirigentes sociales: Luis D’Elía, Lito Borello y Luis Bordón.

Es por la toma de la Comisaría 24 de La Boca en el año 2004. En aquel entonces las organizaciones protestaban por el asesinato del militante social Martín “El Oso” Cisneros, integrante de la Organización Política y Social Los Pibes.

Los acusan por lesiones leves, daño agravado por tratarse de bienes de uso público, atentado a la autoridad calificado, daño simple, privación ilegítima de la libertad coactiva y agravada, instigación a cometer delitos, amenazas con el objeto de obtener una concesión de parte de los poderes públicos y robo agravado.

Lito Borello, histórico dirigente de Los Pibes y Secretario de Derechos Humanos de la CTEP, repone los hechos y enmarca los procesamientos en una seguidilla de represiones a las organizaciones.

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Represión y detenciones dentro de la Universidad Pública en Jujuy

Gerardo Morales pidió disculpas ayer por el operativo policial en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy.

El gobernador provincial reconoció que “fue una vergüenza” y pidió perdón a los detenidos y agredidos.

El miércoles a la noche la policía entró a interrumpir un asado sin ningún tipo de orden judicial y con una denuncia por alto volumen y “fuerte ingesta de bebidas alcohólicas”.

Detuvieron a Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes, y a Ignacio García, que fueron liberados horas más tarde.

Liliana Louys, Secretaria General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, analiza la represión en el marco de una escalada de las fuerzas de seguridad, avaladas por el Código Contravencional aprobado por el gobierno anterior y aplicado por el actual.

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La Ley de Educación Superior Nº 24.521 sancionada y promulgada en 1995 establece una serie de derechos y obligaciones sobre los establecimientos educativos universitarios y no universitarios.

En su artículo Nº 31 deja establecido que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a las universidades nacionales sin una orden de un juez.

Mañana Asamblea General Universitaria para definir acciones en repudio.

“El Gobierno desenmascaró el conjunto de su política”

Análisis coyuntural del escritor Alejandro Horowicz a partir de los últimos hechos trascendentes: el paro de la CGT, la marcha del 1° de abril y la represión a los docentes. “No hay exabruptos ni oraciones mal hilvanadas por un presidente con problemas gramaticales”, sostiene.

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