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Tag Archives: represión

Baja condena para un policía y absolución para dos que reprimieron con plomo en Sala Alberdi

El policía Gabriel Pereira De la Rosa fue condenado a tres años de cárcel en suspenso e inhabilitación especial por cuatro años para ejercer la función pública por abuso de armas agravado. Miguel Ledesma y Nelson Acosta fueron absueltos.

“Aún con esta sentencia de mierda, es un triunfo de la organización y la lucha haber llegado hasta acá”, dijo al salir de Tribunales la abogada querellante María del Carmen Verdú.

El hecho ocurrió el 13 de mayo de 2013, cuando la Policía Metropolitana reprimió a quienes llevaban adelante la toma de la Sala Alberdi contra el vaciamiento del espacio que funcionaba en el Centro Cultural San Martín.

Hubo tres heridos de plomo, dos de ellos comunicadores populares de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).

Los policías estaban acusados de tentativa de homicidio calificado y la querella había pedido 20 años de cárcel.

Verdú contó cómo fueron las últimas palabras de De La Rosa, que se vanaglorió de haber participado de las represiones en las que participó, incluyendo el 19 y 20 de diciembre de 2001 y el Parque Indoamericano:

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Una vez más, no hay avances contra los responsables políticos: Mauricio Macri era el Jefe de Gobierno, Hernán Lombardi estaba al frente de la cartera de Cultura y Guillermo Montenegro era el Ministro de Seguridad.

La querella había pedido una condena alta porque consideraba que habían tirado a matar.

Sin embargo, el Fiscal Oscar Ciruzzi no acompañó el pedido de pena máxima: entendió que solo existió abuso de arma. Solicitó la pena  de tres años y tres meses de cárcel con cuatro de inhabilitación por ser funcionarios públicos. Sostuvo que no puede haber tentativa de homicidio, ya que no reconoció a los acusados en las pruebas. “No fueron disparos continuos, por lo cual no puedo decir que hubo intencionalidad de matar”, sostuvo.

Verdú manifestó las contradicciones del fiscal:

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Además, dijo que es difícil tener expectativas “si la justicia juega con las reglas habituales de protección al aparato estatal”:

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Esteban Ruffa, uno de los heridos de aquella represión, cuenta el trabajo que hicieron para poder reconstruir pruebas que comprometen tanto a los policías como a quienes ordenaron el operativo:

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Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, estuvo presente en la segunda jornada del juicio. En declaraciones a Radionauta, Destacó el testimonio de las comunicadoras que cubrieron la represión y remarcó el fallido del por entonces Inspector de la Policía Metropolitana, Diego Castillo, que reconoció haber ido a buscar “PG”, que en la jerga significa “postas de guerra”:

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Diario del juicio

“Es peor que el consenso: reprimir suma votos”

Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), analiza el avance represivo y utiliza como ejemplo el ingreso de la policía al comedor Los Cartoneritos de Lanús.

Grabois entiende estos hechos como un ataque directo de las gestiones municipales a las organizaciones, amparados por algo más que el aval de los sectores más pudientes: “La división de clase es la verdadera grieta que hay en la sociedad argentina”, sostiene.

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A 4 años de la represión al Borda: “Los planes del Gobierno eran ilegales”

El 26 de abril de 2013, 400 efectivos de la Policía Metropolitana ingresaron de manera ilegal al Hospital Borda. Sin una orden orden judicial, el Taller protegido N°19, fue demolido, a pesar de una medida cautelar que lo protegía de los avances del Gobierno de la Ciudad sobre los terrenos del neuropsiquiátrico. Aquel día, los efectivos desalojaron del lugar a trabajadores, internos, voluntarios y periodistas, en medio de una feroz represión que dejó 50 heridos y ocho detenidos.

Por el operativo, se inició una causa penal en la que estuvieron imputados, como responsables políticos, el ex jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, la ex vicejefa María Eugenia Vidal; los ministros Guillermo Montenegro (Seguridad y Justicia) y Graciela Reybaud (Salud). Las imputaciones también cayeron sobre Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gabinete y Daniel Chaín, ex ministro de Desarrollo Urbano, que fue quien ordenó demoler el taller, a pesar de la protección judicial. Todos fueron sobreseídos en 2015.

Por el lado de la policía, están procesados Horacio Giménez, ex comisario general de la Policía Metropolitana; Ricardo Pedace, ex subjefe de la Policía Metropolitana, y Martín Roth, efectivo de la Metropolitana que fue fotografiado cuando disparaba contra internos y trabajadores.

El objetivo de las autoridades porteñas era comenzar a despejar el terreno para la construcción del Centro Cívico que la ciudad había planificado en los terrenos del Borda. El proyecto, sin embargo, estaba frenado a partir un amparo presentado en 2012 por funcionarios públicos y a una cautelar dictada por la jueza Andrea Danas.

Para 2017, el Gobierno de la Ciudad proyectó la construcción del “Polo de Neurociencia” entre el Hospital Moyano y el Borda, con la intención de desarrollar la investigación en la materia y utilizar sectores del hospital para la instalación de nuevos dispositivos.

Martín Alderete, abogado querellante en la causa, y miembro de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, sostiene que la resistencia en el Borda marcó un fuerte precedente para futuras avanzadas del Gobierno de la Ciudad.

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El proyecto actual contempla reacondicionar el hospital bajo la lógica de la neurociencia, es decir, de tratamientos biologicistas que profundizan la concepción monovalente de la salud mental y tienden a la medicalización de las patologías.

Si bien la ley de Salud Mental 26.657 plantea que para 2020 deberían dejar de existir los neuropsiquiátricos, el hospital cuenta con alrededor de 500 personas internadas y no existen casas de medio camino, oportunidades de vivienda ni programas que promuevan la inserción laboral, cuestiones que, también, están contempladas en la ley.

Natalia Gómez, del Frente de Artístas del Borda, se refiere a esta concepción de la salud y sus implicancias.

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El juicio contra dirigentes sociales por protestar contra el crimen de un compañero

Ayer empezó el juicio oral contra tres dirigentes sociales: Luis D’Elía, Lito Borello y Luis Bordón.

Es por la toma de la Comisaría 24 de La Boca en el año 2004. En aquel entonces las organizaciones protestaban por el asesinato del militante social Martín “El Oso” Cisneros, integrante de la Organización Política y Social Los Pibes.

Los acusan por lesiones leves, daño agravado por tratarse de bienes de uso público, atentado a la autoridad calificado, daño simple, privación ilegítima de la libertad coactiva y agravada, instigación a cometer delitos, amenazas con el objeto de obtener una concesión de parte de los poderes públicos y robo agravado.

Lito Borello, histórico dirigente de Los Pibes y Secretario de Derechos Humanos de la CTEP, repone los hechos y enmarca los procesamientos en una seguidilla de represiones a las organizaciones.

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Represión y detenciones dentro de la Universidad Pública en Jujuy

Gerardo Morales pidió disculpas ayer por el operativo policial en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy.

El gobernador provincial reconoció que “fue una vergüenza” y pidió perdón a los detenidos y agredidos.

El miércoles a la noche la policía entró a interrumpir un asado sin ningún tipo de orden judicial y con una denuncia por alto volumen y “fuerte ingesta de bebidas alcohólicas”.

Detuvieron a Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes, y a Ignacio García, que fueron liberados horas más tarde.

Liliana Louys, Secretaria General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, analiza la represión en el marco de una escalada de las fuerzas de seguridad, avaladas por el Código Contravencional aprobado por el gobierno anterior y aplicado por el actual.

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La Ley de Educación Superior Nº 24.521 sancionada y promulgada en 1995 establece una serie de derechos y obligaciones sobre los establecimientos educativos universitarios y no universitarios.

En su artículo Nº 31 deja establecido que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a las universidades nacionales sin una orden de un juez.

Mañana Asamblea General Universitaria para definir acciones en repudio.

“El Gobierno desenmascaró el conjunto de su política”

Análisis coyuntural del escritor Alejandro Horowicz a partir de los últimos hechos trascendentes: el paro de la CGT, la marcha del 1° de abril y la represión a los docentes. “No hay exabruptos ni oraciones mal hilvanadas por un presidente con problemas gramaticales”, sostiene.

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Paro Nacional Docente para repudiar la represión

Los gremios convocan a un cese de actividades para mañana.

Anoche los maestros intentaban instalar una carpa itinerante para reclamar por la paritaria nacional y financiamiento educativo.

La Policía Federal detuvo a 4 docentes y reprimió con golpes y gas pimienta.

Testimonio de Pablo Aschiero, maestro golpeado por los efectivos: “Era una manifestaciòn pacífica, aparecieron y nos empezaron a pegar”.

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Los gremios exigen la liberaciòn urgente de los detenidos y responsabilizan al Gobierno Nacional.

A las 21:20 los maestros decidieron retirarse del Congreso y mañana anunciarán nuevas medidas de fuerza, tras un plenario de Secretarios Generales. Sonia Alesso, titular de CTERA, comunica la decisión.

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Alejandro Amor, Defensor del Pueblo porteño comunica a los medios las medidas que tomarán a partir de mañana.

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Por su parte, Roberto Baradel, titular de SUTEBA, agregó:

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“Este es un paro activo”

Organizaciones sociales realizaron cortes y marchas en distintos puntos del país, en el marco del paro general convocado por la CGT.

Gendarmería reprimió en Panamericana y 197, dejando un saldo de 6 detenidos y 4 heridos.

Las fuerzas aplicaron el Protocolo Anti Piquete y utilizaron camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

El triunvirato de la CGT se despegó de los cortes y adjudicó esas medidas de fuerza “a la izquierda”. En conferencia de prensa, destacaron la contundencia de la medida en todo el país.

Hernán Izurieta, delegado de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Trabajo, destacó la importancia de acompañar con movilizaciones la jornada.

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Foto: Infobae

Represión y detenciones arbitrarias en Plaza de Mayo

El jueves alrededor de las 23 horas, luego de la marcha por el Paro Internacional de Mujeres, la Policía de la Ciudad y de la Federal reprimieron con gases lacrimógenos a un grupo de manifestantes que se encontraban en la zona de Plaza de Mayo. Dos de las heridas fueron atendidas por el SAME y cuatro trasladadas al Hospital Argerich, donde fueron dadas de alta horas más tarde.

Las mujeres fueron liberadas en el transcurso de la noche y a primera mañana de hoy. Estuvieron en la Comisaría 30° y la Comisaría 1° y un grupo fue trasladado al juzgado de la Alcaldía de la Comuna 4.

Les iniciaron causas por los delitos de “atentado y resistencia a la autoridad, daño y lesiones”.

Una de las mujeres heridas relata cómo se desarrollaron la represión y las detenciones.

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El colectivo Ni Una Menos junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la represión. Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS, señaló que este “es un mensaje que aporta incertidumbre sobre el derecho a la protesta, algo que venimos denunciando desde que se implementó el protocolo antipiquetes”. Además, indicó: “Lo que pudimos recuperar a través de los testimonios es que hubo un absoluto descontrol policial; las declaraciones de (Patricia) Bullrich y de (Martín) Ocampo sumaron protección política a ese descontrol”.

Por su parte, la integrante del colectivo Ni Una Menos y periodista de Página 12, Mariana Carabajal, relacionó la represión en Plaza de Mayo con las detenciones de las seis activistas de organizaciones feministas del día martes y sostuvo que “este tipo de acciones vienen siendo protegidas y convalidadas por la justicia de la ciudad, con la idea de ´mantener el orden público´”.

 

 

 

 

Reprimen a trabajadores de la imprenta de Clarín

Los empleados de Artes Gráficas Rioplatenses, que pertenece al Grupo Clarín, fueron reprimidos por la Policía Federal y Gendarmería.

Tiraron balas de goma y gases lacrimógenos contra quienes resisten a los  360 despidos en la entrada de la empresa.

La planta de Pompeya se encuentra rodeada de efectivos. Los trabajadores denuncian que el Ministerio de Trabajo se declaró incompetente para intervenir en el conflicto.

Ayer, cuando se se presentaron en la fábrica, les informaron que la misma cerraba. Sostienen que existe una intención de vaciamiento y precarización del empleo en el sector gráfico.

Pablo Viñas, Secretario General de AGR-Clarín, dio su testimonio en el momento de la represión.

Rubén  Schofrin, Secretario adjunto SIPREBA, narra cómo sucedieron los hechos:

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Schofrin también cuenta cómo sigue allí la situación entre los trabajadores y la policía:

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