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Tag Archives: violencia institucional

Represión y detenciones dentro de la Universidad Pública en Jujuy

Gerardo Morales pidió disculpas ayer por el operativo policial en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy.

El gobernador provincial reconoció que “fue una vergüenza” y pidió perdón a los detenidos y agredidos.

El miércoles a la noche la policía entró a interrumpir un asado sin ningún tipo de orden judicial y con una denuncia por alto volumen y “fuerte ingesta de bebidas alcohólicas”.

Detuvieron a Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes, y a Ignacio García, que fueron liberados horas más tarde.

Liliana Louys, Secretaria General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, analiza la represión en el marco de una escalada de las fuerzas de seguridad, avaladas por el Código Contravencional aprobado por el gobierno anterior y aplicado por el actual.

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La Ley de Educación Superior Nº 24.521 sancionada y promulgada en 1995 establece una serie de derechos y obligaciones sobre los establecimientos educativos universitarios y no universitarios.

En su artículo Nº 31 deja establecido que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a las universidades nacionales sin una orden de un juez.

Mañana Asamblea General Universitaria para definir acciones en repudio.

A pesar de las pruebas en su contra, absolvieron al policía que mató a Omar Cigarán

El tribunal Oral y Criminal N°4 de La Plata, integrado por los jueces Emir Caputo Tártara, Julio Germán Alegre y Juan Carlos Bruni, sentenció que el policía Diego Walter Flores, quién asesino a Omar Cigarán, es inocente y lo absolvió de todos los cargos en su contra.

El asesinato de Omar  se produjo el 15 de febrero de 2013, en el barrio Hipódromo de La Plata, a cuatro cuadras de su casa y luego de varios meses de persecución policial denunciados por Omar y su familia.

Según la versión policial, Flores disparó en el marco de un robo y en defensa propia. Los abogados querellantes, sin embargo, demostraron que la causa resultó absolutamente irregular y que la fiscalía y la policía actuaron de manera conjunta en la manipulación de pruebas.

María del Carmen Verdú, abogada de la querella e integrante de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), se refiere al significado de este fallo.

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El juicio oral por el asesinato de Omar no tuvo la participación del Ministerio Público, es decir, que no hubo fiscales en el debate. El 23 de enero de 2014, la fiscal Ana Medina decretó el cierre de la causa y el 27 de enero de ese mismo año solicitó al juez de Garantías el sobreseimiento de Walter Flores. El 31 de enero, el fiscal de Cámara, Héctor Vogliolo, adhirió al pedido de sobreseimiento. Ante esta situación, en marzo la familia de Omar se constituyó como particular damnificado para plantear la nulidad del pedido de sobreseimiento y solicitó la elevación a juicio. Tres meses más tarde, el juez de Garantías Mateos elevó a juicio la causa respecto a Walter Diego Flores y la caratuló como “homicidio”.

Pedro Auzmendi, abogado querellante perteneciente a La Ciega, organización de abogados populares, puntualiza las irregularidades de esta causa.

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El procedimiento tuvo desde el comienzo como protagonista a la Policía de la provincia de Buenos Aires, pese a la normativa que recomienda apartar a la fuerza de una investigación donde el imputado es un integrante de la Policía o el Servicio Penitenciario.

El médico policial de la morgue Marcelo Menzulo informó el hallazgo de un arma de fuego entre las ropas de Omar por vía telefónica a la fiscal, cuatro horas después de su intervención inicial. Por su parte, la fiscal Medina designó un perito balístico de la propia Policía para analizar el arma y las principales medidas fueron realizadas por la propia seccional que Omar había denunciado por amenazas de muerte, persecuciones y allanamientos sin orden judicial.

Pese a que ninguno de los testigos de su muerte mencionaron haber visto un arma en poder de Omar, y el único que lo afirmó fue Flores, el tribunal falló a favor de la absolución del policía por considerar que actuó en legítima defensa.

La justicia y la policía actuaron de manera conjunta para absolver al imputado y preservar a los encubridores. En un contexto donde la represión recrudece, el Estado se retiró como querellante en un caso en el que sus funcionarios son responsables.

María del Carmen Verdú, contextualiza el fallo en el momento actual.

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Liberaron a la compañera de La Poderosa detenida ilegalmente

Una militante de La Poderosa fue detenida esta tarde en Díaz Vélez y Río de Janeiro, luego de filmar con su celular un procedimiento policial ilegal al que sometían a un pibe de 13 años. Los efectivos la retuvieron por más de 3 horas en la calle hasta que finalmente le informaron que estaba detenida por “resistencia a la autoridad”. Micaela les pidió varias veces que se identifique ya que la mayoría de los efectivos de la Policía de la Ciudad estaban sin identificación.
La compañera estuvo detenida por más de 7 horas en la Comisaría N°11 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se agruparon diversas organizaciones sociales y de derechos humanos para exigir su libertad. Por el momento Micaela tiene una causa abierta por resistencia a la autoridad.

El nene estuvo varias horas detenido en el patrullero y luego fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (C.A.D) donde estuvo al menos dos horas para luego volver al parador en donde está viviendo.

Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), explica que se trata de una detención ilegal.

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Nacho, integrante de La Garganta Poderosa, profundiza sobre las irregularidades con las que actúo la Policía de la Ciudad.

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Video de la detención.

 

 

 

Liberaron a las 6 mujeres detenidas por hacer pintadas del Paro Internacional

Las jóvenes fueron privadas de su libertad anoche en la comisaría novena acusadas de daños. Esta mañana las habían trasladado a la Fiscalía 20. Luciana Sánchez, abogada de las detenidas, sostiene que “es una provocación” en el marco del Paro Internacional de Mujeres convocado para mañana.

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Las mujeres quedaron imputadas en una causa penal caratulada como “daño agravado” y con un año de prisión en suspenso. Florencia Minici, una de las detenidas y liberadas e integrante del Colectivo Ni Una Menos, aseguró que exigirán el sobreseimiento y la investigación tanto contra los policías como contra los civiles que se adjudicaron el rol de fuerzas de seguridad.

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Agustina Fronteras, del Colectivo Ni Una Menos, opina que el abuso de autoridad intenta ser aleccionador con el movimiento de mujeres.

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 Las abogadas de las mujeres pedirán la filmación de la detención, porque las chicas aseguran que existieron insultos lesbofóbicos.

Exigen el esclarecimiento de la muerte de Jorge Reyna en una comisaría de Capilla del Monte

Familiares, amigos y vecinos de Jorge Reyna, un joven cordobés que murió en una comisaría de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, realizarán hoy una marcha para exigir justicia y denunciar el abuso policial que, aseguran, aún subsiste en esa ciudad.

El miércoles 23 de octubre de 2013 Reyna declaró ante la fiscalía de de Cosquín que la policía de Capilla del Monte lo utilizaba para robar y vender drogas. Tres días más tarde, el joven apareció muerto en una celda de la comisaría de su ciudad.

La versión oficial sostuvo que Reyna se había ahorcado. Sin embargo, cuando Olga Taliapiedra, madre de Jorge, pudo ver el cuerpo de su hijo, se encontró con que este presentaba múltiples marcas de golpes y ninguna lesión en la zona del cuello.

Taliapiedra explica en qué estado se encuentra la causa judicial que investiga la responsabilidad policial en la muerte del joven cordobés

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Una agresión que se volvió viral, con protagonistas ya conocidos

El viernes pasado se volvió viral en las redes un video que muestra cómo un policía agrede a un trabajador.

En las imágenes se vio a José Ojeda, un repartidor de harina que necesitaba estacionar su camioneta para realizar una descarga. El lugar para bajar la mercadería, sin embargo, estaba ocupado por un patrullero del Centro de Operaciones Tácticas (COT) de Tigre, con dos policías en su interior.

Ojeda les pidió para que el auto sea corrido y así poder realizar su trabajo, pero como respuesta recibió una brutal agresión que lo dejó con una pierna fracturada y un traumatismo de cráneo causado por un culetazo.

En el video se puede ver a un policía que ahorca a Ojeda mientras varios testigos piden que lo suelten.

Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) no tardaron en identificar al policía por su nombre: se trata de Héctor Eusebio Sosa, asesino de Víctor Frente Vital, fusilado cuando estaba desarmado y escondido debajo de una mesa, en una casa del barrio San Francisco, en San Fernando.

Cuando ocurrió el crimen de Frente Vital, el policía argumentó que se había producido un enfrentamiento, pero las pericias comprobaron que el hombre estaba con las manos detrás de la cabeza cuando fue rematado por Sosa.

Para ese entonces, el oficial era cabo primero de la bonaerense y fue detenido acusado de homicidio. Tiempo después, el Tribunal N°1 lo absolvió pero CORREPI apeló el fallo. En 2002 el policía fue ascendido a sargento, sin embargo, en 2006 volvió a matar: Jonathan Lorenzo, de 19 años, y Jorge Andrés Martinez, de 24, iban en una moto cuando Sosa realizó más de 20 disparos durante una supuesta persecución. La causa nunca llegó a juicio y fue archivada. En 2006 fue exonerado por el entonces ministro de Seguridad provincial, León Arslanian, aunque luego fue reincorporado por el intendente de Tigre, Sergio Massa, al COT.

La versión del COT indica que dos agentes “fueron golpeados por un grupo de personas en una estación de servicio de Benavídez” y que el inspector Sosa fue gravemente herido. Se arma, de este modo, un escenario de enfrentamiento para justificar la represión de las fuerzas del Estado, incluso contra toda evidencia.

María del Carmen Verdú, integrante de CORREPI, se refiere a Sosa como un caso que pone en evidencia que la represión es política de Estado.

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Violencia institucional que se multiplica

La Red de Organizaciones Contra la Violencia Institucional (ROCVI) realizó ayer una conferencia de prensa en la Legislatura porteña para denunciar los múltiple casos de represión contra vecinos, principalmente jóvenes y también militantes en las villas 21-24 y Zavaleta.

Durante la conferencia se relataron distintos ataques ocurridos en el barrio, pero que se repiten en todas las villas y barriadas populares. “Ante la inseguridad policial, sólo queda responder con organización y lucha”, fue la consigna principal.

Germán Solero, integrante del Frente Juvenil Hagamos lo Imposible en La Brecha, que forma parte de la ROCVI, explicó cuáles fueron las exigencias que se plantearon.

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El caso del pibe de ocho años detenido en un Mc Donalds

El viernes pasado la policía se lo llevó a una comisaría, acusado de robar un par de zapatillas en el pelotero de un Mc Donalds de Liniers.

Gustavo Gallo, Defensor de Menores de la Defensoría General de la Nación, habla de esta aberración y de otros casos similares.

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Entrevista completa

Denuncian un allanamiento ilegal en el Centro Universitario de Devoto

Integrantes del Centro Universitario de Devoto (CUD) afirman que el lunes 12 de septiembre el Servicio Penitenciario Federal (SPF) realizó una requisa dentro del área educativa sin una orden judicial, en momentos en que esta se encontraba cerrado y sin testigos de otras fuerzas o del mismo Centro.

Según el artículo 230 del Código Procesal Penal de la Nación, el allanamiento debió ser practicado a partir del pedido un juez debido a que la ley 24.512 impide el ingreso de la fuerza pública en las instituciones universitarias nacionales.

Como resultado del operativo, en los medios masivos de comunicación se resaltó que los efectivos del SPF encontraron  facas, droga, pastillas y dispositivos electrónicos en el lugar de enseñanza.

Desde el Centro Universitario expresaron que el allanamiento representa el corolario del agravamiento de las condiciones de detención y de cursada, que vienen recrudeciéndose desde el año pasado.

Además, manifestaron que la requisa se realizó en el preludio de una serie de medidas de fuerza que desde el CUD estaban preparando para esa semana, como la presentación de un petitorio de estudiantes y docentes con reivindicaciones como el derecho a la defensa en la junta criminológica correccional, que es la junta que califica su conducta; el funcionamiento de los cinco Juzgados de Ejecución -actualmente funcionan solo tres-; la eliminación del certificado de antecedentes penales; el mejoramiento de los talleres y la entrega de diplomas por los aprendizajes, entre otras demandas.

Desde el martes 13, ya se realizaron abrazos al penal y batucadas, en los que se manifestó la necesidad de atender los puntos del petitorio y la defensa del Centro Universitario de Devoto.

Ayelén, de la Cooperativa Esquina Libertad e integrante del CUD señala que el allanamiento buscó perjudicar la actividad educativa en el contexto de una cárcel.

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El operativo  se produjo en el marco de la discusión sobre la reforma del Servicio Penitenciario Federal y la reforma de la ley 24.660, que determina las condiciones de detención y los derechos que tienen las personas privadas de su libertad.

Ayelén hace referencia al debate que en torno a la modificación de la ley 24.660 que actualmente tiene lugar en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.

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