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Otro caso de gatillo fácil de la Policía de la Ciudad

Cristian Toledo Medina, de 21 años, fue asesinado este sábado de un balazo en el barrio porteño de Barracas. Por el hecho quedó detenido un efectivo de la Policía de la Ciudad, miembro de cuerpo de bomberos, que le disparó luego de una discusión de tránsito. Organizaciones sociales y vecinos de la Villa 21-24 reclaman justicia en la Comisaría Nº 30.

Nacho Levy, periodista e integrante de La Poderosa, dijo que es otro caso de gatillo fácil, ya que no hay ninguna versión para contraponer, más allá de los manejos de la Gendarmería en el lugar de los hechos.
Además, explicó cómo fueron los hechos el sábado donde el efectivo de la Policía de la Ciudad, que estaba de civil y fue identificado como Adrián Otero, asesinó al joven que venía con dos amigos de un baile.

“Se está elevando el umbral de tolerancia al autoritarismo”

Ante el aumento de procedimientos policiales sin orden judicial en la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria denunció que se trata de prácticas policiales arbitrarias que vulneran derechos y garantías constitucionales como circular libremente, la presunción de inocencia y la intimidad de las personas.

Roberto Cipriano García, integrante de la CPM, relata las razzias que registraron en Quilmes, La Plata, Berisso, Ensenada y Esteban Echeverría y afirma que se trata de un procedimiento ilegal.

 

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Cipriano García afirma que no está probada la eficacia de estos procedimientos en la prevención del delito y que lo único que generan es aumentar los umbrales de tolerancia al autoritarismo, restringir nuestros derechos y debilitar la democracia.

 

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Recomienda llevar siempre el DNI, no enfrentar la violencia policial en el momento de detención, intentar registrar con fotos o video y denunciar este accionar a organismos de derechos humanos.

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“La absolución del policía que mató a Kiki y a Ezequiel es un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad”

El ex policía federal Santiago Daniel Veyga, acusado por el crimen y absuelto, ya fue sobreseído tres veces por el juez de primera instancia y pasado a disponibilidad casi tres años después del hecho.

Esta vez los jueces María Cristina Bértola, Gustavo González Ferrari e Inés Cantisani entendieron que había actuado en legítima defensa, aunque todavía no dieron a conocer los argumentos del fallo.

Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Banco fueron asesinados en 2009 y estuvieron desaparecidos dos meses.

En este nuevo juicio, a pesar de la existencia de un video donde se veía que Veyga gozaba de la agonía de Kiki, el Tribunal Oral Criminal 16 entendió que el efectivo actuó en legítima defensa.

La Fiscal había pedido 9 años y la querella exigió prisión perpetua.

Matias Busso, el abogado de la familia de Kiki, explica qué significa el fallo que absolvió a Veyga.

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Las familias de Kiki y de Ezequiel, los organismos de derechos humanos y los periodistas que querían estar presentes, sufrieron un destrato por parte del Tribunal, que decidió llevar adelante el juicio en una sala pequeña. Busso da su visión sobre la actitud de los jueces.

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Reporte de Bruno Ciocca desde el lugar: 

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El abogado hace referencia al accionar del juez Fernando Cubas en cuanto a los dos meses que los jóvenes estuvieron desaparecidos.

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Entrevista completa al abogado Matías Busso. 

Angélica Urquiza, la mamá de Kiki, antes de ingresar a la primera audiencia, contó todo lo que tuvo que atravesar para llegar a esta instancia.

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Andrea Giribaldi, militante de la casita de Kiki Lezcano, explicó cómo fueron los sucesos que guiaron a Veyga al banquillo.

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Además, las irregularidades en la investigación llevaron al juez Juan Ramón Padilla a elevar a juicio oral el caso.

En este sentido, Giribaldi aseguró que esto da nuevas esperanzas en la lucha contra la violencia policial.

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Más sobre el caso 

La policía al banquillo

Luego de ocho años de lucha, ayer comenzó el juicio oral por el asesinato de Jonathan “Kiki” Lezcano, el jóven de 17 años víctima de gatillo fácil, quien junto a su amigo, Ezequiel Blanco, estuvieron dos mesess. El ex policía federal Santiago Daniel Veyga, acusado por el crimen, fue sobreseído tres veces por el juez de primera instancia y pasado a disponibilidad casi tres años después del hecho.

Lezcano y Blanco vivían en la Villa 20 de Lugano y el 8 de julio de 2009 tomaron un remis. Fue la última vez que sus familiares los vieron con vida. Durante 68 días de incertidumbre, sus familias recorrieron hospitales, morgues, comisarías y hasta recurrieron a Missing Children. El 14 de septiembre, fueron informadas que Kiki había sido inhumado en la Chacarita como NN, mientras que el cuerpo de Blanco aguardaba en la morgue judicial para ser trasladado, también como NN, al cementerio, pese a que en el juzgado de instrucción 49º a cargo de Fernando Cubas se encontraban todos sus datos.

Andrea Giribaldi, militante de la casita de Kiki Lezcano, explicó cómo fueron los sucesos que guiaron a Veyga al banquillo.

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Además, las irregularidades en la investigación llevaron al juez Juan Ramón Padilla a elevar a juicio oral el caso.

En este sentido, Giribaldi aseguró que esto da nuevas esperanzas en la lucha contra la violencia policial.

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Represión y detenciones dentro de la Universidad Pública en Jujuy

Gerardo Morales pidió disculpas ayer por el operativo policial en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy.

El gobernador provincial reconoció que “fue una vergüenza” y pidió perdón a los detenidos y agredidos.

El miércoles a la noche la policía entró a interrumpir un asado sin ningún tipo de orden judicial y con una denuncia por alto volumen y “fuerte ingesta de bebidas alcohólicas”.

Detuvieron a Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes, y a Ignacio García, que fueron liberados horas más tarde.

Liliana Louys, Secretaria General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, analiza la represión en el marco de una escalada de las fuerzas de seguridad, avaladas por el Código Contravencional aprobado por el gobierno anterior y aplicado por el actual.

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La Ley de Educación Superior Nº 24.521 sancionada y promulgada en 1995 establece una serie de derechos y obligaciones sobre los establecimientos educativos universitarios y no universitarios.

En su artículo Nº 31 deja establecido que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a las universidades nacionales sin una orden de un juez.

Mañana Asamblea General Universitaria para definir acciones en repudio.

A pesar de las pruebas en su contra, absolvieron al policía que mató a Omar Cigarán

El tribunal Oral y Criminal N°4 de La Plata, integrado por los jueces Emir Caputo Tártara, Julio Germán Alegre y Juan Carlos Bruni, sentenció que el policía Diego Walter Flores, quién asesino a Omar Cigarán, es inocente y lo absolvió de todos los cargos en su contra.

El asesinato de Omar  se produjo el 15 de febrero de 2013, en el barrio Hipódromo de La Plata, a cuatro cuadras de su casa y luego de varios meses de persecución policial denunciados por Omar y su familia.

Según la versión policial, Flores disparó en el marco de un robo y en defensa propia. Los abogados querellantes, sin embargo, demostraron que la causa resultó absolutamente irregular y que la fiscalía y la policía actuaron de manera conjunta en la manipulación de pruebas.

María del Carmen Verdú, abogada de la querella e integrante de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), se refiere al significado de este fallo.

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El juicio oral por el asesinato de Omar no tuvo la participación del Ministerio Público, es decir, que no hubo fiscales en el debate. El 23 de enero de 2014, la fiscal Ana Medina decretó el cierre de la causa y el 27 de enero de ese mismo año solicitó al juez de Garantías el sobreseimiento de Walter Flores. El 31 de enero, el fiscal de Cámara, Héctor Vogliolo, adhirió al pedido de sobreseimiento. Ante esta situación, en marzo la familia de Omar se constituyó como particular damnificado para plantear la nulidad del pedido de sobreseimiento y solicitó la elevación a juicio. Tres meses más tarde, el juez de Garantías Mateos elevó a juicio la causa respecto a Walter Diego Flores y la caratuló como “homicidio”.

Pedro Auzmendi, abogado querellante perteneciente a La Ciega, organización de abogados populares, puntualiza las irregularidades de esta causa.

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El procedimiento tuvo desde el comienzo como protagonista a la Policía de la provincia de Buenos Aires, pese a la normativa que recomienda apartar a la fuerza de una investigación donde el imputado es un integrante de la Policía o el Servicio Penitenciario.

El médico policial de la morgue Marcelo Menzulo informó el hallazgo de un arma de fuego entre las ropas de Omar por vía telefónica a la fiscal, cuatro horas después de su intervención inicial. Por su parte, la fiscal Medina designó un perito balístico de la propia Policía para analizar el arma y las principales medidas fueron realizadas por la propia seccional que Omar había denunciado por amenazas de muerte, persecuciones y allanamientos sin orden judicial.

Pese a que ninguno de los testigos de su muerte mencionaron haber visto un arma en poder de Omar, y el único que lo afirmó fue Flores, el tribunal falló a favor de la absolución del policía por considerar que actuó en legítima defensa.

La justicia y la policía actuaron de manera conjunta para absolver al imputado y preservar a los encubridores. En un contexto donde la represión recrudece, el Estado se retiró como querellante en un caso en el que sus funcionarios son responsables.

María del Carmen Verdú, contextualiza el fallo en el momento actual.

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Liberaron a la compañera de La Poderosa detenida ilegalmente

Una militante de La Poderosa fue detenida esta tarde en Díaz Vélez y Río de Janeiro, luego de filmar con su celular un procedimiento policial ilegal al que sometían a un pibe de 13 años. Los efectivos la retuvieron por más de 3 horas en la calle hasta que finalmente le informaron que estaba detenida por “resistencia a la autoridad”. Micaela les pidió varias veces que se identifique ya que la mayoría de los efectivos de la Policía de la Ciudad estaban sin identificación.
La compañera estuvo detenida por más de 7 horas en la Comisaría N°11 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se agruparon diversas organizaciones sociales y de derechos humanos para exigir su libertad. Por el momento Micaela tiene una causa abierta por resistencia a la autoridad.

El nene estuvo varias horas detenido en el patrullero y luego fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (C.A.D) donde estuvo al menos dos horas para luego volver al parador en donde está viviendo.

Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), explica que se trata de una detención ilegal.

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Nacho, integrante de La Garganta Poderosa, profundiza sobre las irregularidades con las que actúo la Policía de la Ciudad.

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Video de la detención.

 

 

 

Liberaron a las 6 mujeres detenidas por hacer pintadas del Paro Internacional

Las jóvenes fueron privadas de su libertad anoche en la comisaría novena acusadas de daños. Esta mañana las habían trasladado a la Fiscalía 20. Luciana Sánchez, abogada de las detenidas, sostiene que “es una provocación” en el marco del Paro Internacional de Mujeres convocado para mañana.

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Las mujeres quedaron imputadas en una causa penal caratulada como “daño agravado” y con un año de prisión en suspenso. Florencia Minici, una de las detenidas y liberadas e integrante del Colectivo Ni Una Menos, aseguró que exigirán el sobreseimiento y la investigación tanto contra los policías como contra los civiles que se adjudicaron el rol de fuerzas de seguridad.

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Agustina Fronteras, del Colectivo Ni Una Menos, opina que el abuso de autoridad intenta ser aleccionador con el movimiento de mujeres.

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 Las abogadas de las mujeres pedirán la filmación de la detención, porque las chicas aseguran que existieron insultos lesbofóbicos.

Exigen el esclarecimiento de la muerte de Jorge Reyna en una comisaría de Capilla del Monte

Familiares, amigos y vecinos de Jorge Reyna, un joven cordobés que murió en una comisaría de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, realizarán hoy una marcha para exigir justicia y denunciar el abuso policial que, aseguran, aún subsiste en esa ciudad.

El miércoles 23 de octubre de 2013 Reyna declaró ante la fiscalía de de Cosquín que la policía de Capilla del Monte lo utilizaba para robar y vender drogas. Tres días más tarde, el joven apareció muerto en una celda de la comisaría de su ciudad.

La versión oficial sostuvo que Reyna se había ahorcado. Sin embargo, cuando Olga Taliapiedra, madre de Jorge, pudo ver el cuerpo de su hijo, se encontró con que este presentaba múltiples marcas de golpes y ninguna lesión en la zona del cuello.

Taliapiedra explica en qué estado se encuentra la causa judicial que investiga la responsabilidad policial en la muerte del joven cordobés

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