Este 6 de mayo se cumplió un año del día en que Justo Fernando Barrientos, vecino del hotel California, en el barrio porteño de Barracas, prendió fuego la habitación en la que residían cuatro mujeres lesbianas, mató a Andrea Amarante, Pamela Cobbas y Roxana Castro, mientras que Sofía Castro Riglos sobrevivió.
El juez Edmundo Rabbione, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, continua sin investigar con perspectiva de género y lo consideraría un «conflicto vecinal». Luciana Sánchez es abogada de la única sobreviviente, Sofìa Castro Riglos y a su pareja Andrea Amarante, que perdió la vida en el ataque. «Avances no hay ninguno para presentar», adelanta la abogada pero «seguimos discutiendo con el juez Rabbione que insiste en ignorar aquellos hechos que dan cuenta de la violencia hacia las mujeres y hacia las lesbianas que involucró el accionar de Barrientos que es la persona imputada por prender fuego a estas cuatro compañeras lesbianas».
Ante esta falta de avances y la nula disposición del juez que entiende en la causa para cambiar su perspectiva en la investigación «dos de las querellas estamos yendo a la Cámara Nacional de Apelaciones. La querella que representa la Defensoría General de la Nación, al hermano de Pamela Cobbas, y quienes estamos acompañando en este caso la presentaciones de Sofía Castro Riglos. Vamos a volver a plantear que el juez está recortando los hechos de la causa, dejando afuera cuestiones relevantes como la calificación jurídica de estos hechos que es femicidio y lesbicidio. Entendemos que hay dos formas de violencia y distintos tipos de derechos que han sido vulnerados de las compañeras y que no tienen por qué ser discriminadas ni excluidas de esta protección de las leyes. Que seas lesbiana no quiere decir que no te proteja la ley de violencia contra las mujeres ni la Convención de Belén do Pará. Estamos yendo a la Cámara con este reclamo que va a tener resolución antes de fin de mes», afirmó Luciana Sánchez.
En este contexto la querella tuvo que hacer un minucioso trabajo para «recuperar lo que se llama el rastro de papel, que consiste en todas aquellas decisiones y documentación administrativas en distintas instancias gubernamentales para reflejar la trayectoria de cómo el Estado registró la vida, sobre todo de Andrea Amarante, que hacía bastante tiempo estaba en situación de calle y Sofía también. De Andrea sabíamos poco y logramos recuperar mucha información del Estado de Ciudad y del Poder Ejecutivo de Neuquén que dan cuenta de lo que sufrieron ambas en los años que estuvieron juntas, una persecución sistemática del Estado que incluye intentos de internación forzoso y tratar de separarlas para impedir que convivan. Hay muchos informes de agentes estatales que dan cuenta de denuncias que ellas hicieron por la violencia que sufrieron en los paradores, en los hoteles, por parte de vecinos varones y mujeres que las atacan por ser una pareja y por su orientación sexual, por ser lesbianas visibles».
Por último la abogada Luciana Sánchez contó que «esta situación de violencia de las lesbianas es más frecuente de lo que quisiéramos pensar. Estas son las expresiones más extremas de la violencia pero que tienen que ver con la acumulación de todas estas formas de violencia que son permitidas, que quedan impunes, que parece que fueran menores. No hay ningún organismo que tenga una buena respuesta este tipo de violencia, porque están obnubilados con la violencia doméstica, con que la violencia solo es de los varones a las mujeres y que solo afecta a las mujeres cisgénero y a las mujeres heterosexuales, que no hay lesbianas no binarias, que no hay lesbianas con distintas expresiones de género. Se minoriza, se minimiza permanentemente todas estas formas de violencia y también tiene que ver con un estereotipo que supone que las lesbianas por serlo están más empoderadas y tienen menos problemas».
Producción: Charco arena
Foto: Charco de arena