Al cumplirse 29 años del atentado que el 18 de julio de 1994 hizo volar la mutual judía AMIA y terminó con la vida de 85 personas, la asociación civil Memoria Activa convocó una vez más a la plaza Lavalle. Una de las exigencias en el documento que leyeron en el acto fue “la disponibilidad de todos los archivos de inteligencia de todas las fuerzas de seguridad, así como el estudio y análisis de todo el contenido. Que las leyes, las desclasificaciones, los trasladados de material de un lugar a otro, sirvan para algo y no para seguir engrosando fojas incomprensibles”.
Diana Wassner Malamud, integrante de Memoria Activa y de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), afirmó que «por un lado, no ha habido una decisión política de que esto se resuelva por parte de ninguno de los gobiernos que se sucedieron en estos largos 29 años. Por otra parte, la poca disponibilidad de las fuerzas de seguridad, más allá del gobierno de turno, en entregar los archivos. Esta cuestión del secretismo en nuestro país. Todas las fuerzas realizan inteligencia pero todo es siempre secreto».
En ese mismo documento los familiares de las víctimas sostuvieron que a esta altura “nunca vamos a saber quién puso la bomba, pero sí sabemos quiénes se ocuparon de ocultar la verdad. Aquellos que convirtieron a la causa AMIA en una alfombra llena de escombros sobre la que caminamos cada día”. En este sentido, la preservación, el análisis y el acceso a los archivos es uno de los reclamos que la agrupación Memoria Activa llevó el año pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Diana Wassner Malamud afirmó que «el Estado se declaró culpable, más allá de que la Corte consideró que el Estado es culpable. Estamos esperando que la Corte dicte la sentencia que debe estar en estos meses. En esa sentencia la Corte Interamericana lo que va a hacer es pautar que debe hacer el Estado y después hacer el seguimiento de que el Estado cumpla. En ese sentido, una de las cosas que seguramente van a ocurrir es que vayan a hablar del tema de la desclasificación y del archivo». La integrante de Memoria Activa también destacó que al cumplirse este año 40 años de democracia «esto es una gran deuda de la democracia, una democracia con una corporación judicial como la que tenemos, con el secreto de los servicios de inteligencia, es muy difícil».
Memoria Activa también reclama acceder a los archivos que están en poder de otras agencias del Estado, por ejemplo de la Policía Federal Argentina que también tuvo un rol importante en los primeros años de la investigación del atentado. En marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández firmó el Decreto 213 que desclasifica toda la información del atentado para reforzar el decreto de Cristina Fernández de Kirchner en 2015 y el que impulsó Macri en 2017. Pese a esto y aún al contar con una fiscalía especializada no se registran avances, Diana Wassner señaló que «la Unidad Fiscal está a cargo de Sebastián Basso desde el gobierno de Macri, es un desastre esas fiscalía, no ha avanzado ni un ápice en estos años. Hemos pedido, por supuesto, que lo saquen, que lo separen. Es la misma fiscalía que tenía Nisman, con la misma gente, es bochornoso que nada cambie. Por otro lado, esta causa está delegada en esa Fiscalía Especial y tiene un juez a cargo que en este momento es el juez Rafecas, pero no es un juez designado, entonces cada seis meses se renueva si el juez acepta o no seguir con la causa, con lo cual, es muy complejo».
Producción: Pasadas por alto
Foto: Julio Menajovsky / Telam
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