En las últimas horas de su gestión presidencial, Alberto Fernández no firmó uno sino varios decretos. El número 736/2023 reconoce al Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra) como único representante de los autores, sus derechohabientes y los editores de obras literarias, artísticas y científicas para cobrar un canon por las reproducciones en formato digital o analógico de las obras. Desde ahora, Cadra es considerada “entidad única” para negociar los derechos de reproducción, y recaudar y distribuir el importe fijado.
Beatriz Busaniche, licenciada en Comunicación Social, Magíster en Propiedad Intelectual, activista por los derechos ciudadanos, la cultura libre y las libertades en Internet, además de Presidenta de la Fundación Vía Libre, reflexiona sobre esta medida. En septiembre se habían anunciado la firma del decreto y un acto de reconocimiento a Cadra en el CCK, con la presencia de Fernández y del exministro de Cultura Tristán Bauer. Por las críticas de varios sectores, entre otros, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (Abgra), que preside María Silvia Lacorazza, docentes, escritores, archivistas y exfuncionarios como el exministro de Cultura del gobierno de Cambiemos, Pablo Avelluto, la firma del decreto se suspendió y el acto se canceló a último momento.
«En su momento logramos que se frenara la firma y creriamos que se iba a suspender porque el debate fue fuerte y no había consenso. Nos desayunamos en el feriado, en el último día de su gestión, que Fernández dejó firmado este decreto», afirma Busaniche.
Sobre la explicación de cómo afecta este decreto al mundo gráfico, la presidenta de Fundación Via Libre, explica: «Este decreto le da a una Asociación Civil, que es Cadra, las potestades similares a lo que tiene Sadaic en la música, pero de escritos, la literatura y libros de cualquiqer tipo, de investigación académica, escolares, papers, etc, todo lo que tenga que ver con la retrografìa (fotocopia). EL derecho que se le da a Cadra no es solo sobre los textos sino a su reproducción digital. Cadra puede ir a cualquier centro de enseañanza, a cobrar un canon por los materiales que se usan allí por docentes y estudiantes para lectura, investigación, etc».
«Se salió a repudiar este decreto, más allá de que dejaron afuera a las bibliotecas, lo cual es bueno. Esto igualmente se sabía, no podían cobrarles por el mero hecho de tener una fotocopiadora. La Asociación que nuclea a bibiliotecarixs en todo el país salió inmediatamente a repudiarlo. Es absolutamente ineficiente en cuanto a la protección del derecho de los autores».
Beatriz Busaniche
Por último, Busaniche hace referencia a que el decreto ponía la responsabilidad de supervisión en el Ministerio de Cultura, que ahora ni siquiera existe. «¿En cabeza de quien queda esta responsabilidad? Esto pasa pro Culturaa demás porque hay fuerte lobby de Tristán Bauer, ex ministro. Ni siquiera la Dirección Nacional de Derecho de Autor no estaba de acuerdo con esto, y debería ser la autoridad de aplicación, quienes deberían haber intervenido directamente en la discusión».
*Producción: Algo con erre