En medio de una crisis socioeconómica muy fuerte donde la pobreza aumenta y las condiciones de vida se deterioran cada vez más, el Ministerio de Justicia de la Nación a cargo de Mariano Cúneo Libarona cerró los Centros de Acceso a la Justicia de los barrios populares porteños. Estos centros son dispositivos territoriales que buscan extender los servicios de asistencia legal gratuita y mejorar la situación de acceso a la justicia de la población más vulnerabilizada. En la ciudad existen dieciséis centros de los cuales el gobierno decidió cerrar ocho. Lo único que parecen tener en común los centros cerrados es que se encuentran en barrios populares.
«Los centros cerrados recibían un alto número de consultas, no parecían tener menor cantidad que otros centros que no fueron cerrados. Los temas principales tenían que ver con documentación personal y temas de familia«, sostuvo Guillermina Greco, abogada y coordinadora del programa Acceso a la Justicia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en base a un pedido de información pública que realizaron desde ACIJ.
«De los 8 centros que cierran 7 están en barrios populares de la ciudad y son el total de los centros en barrios populares, con esta medida no dejan ni un centro en ninguna villa El valor de estos centros es que justamente están descentralizados, en lugares más alejados, en los que acceden personas que tienen mayor dificultad para acceder a la Justicia ya sea por distancia geográfica o simbólica«.
«Esas personas se pueden dirigir a los centros que quedan, aunque posiblemente les quede más alejado. En cuanto a los trabajadores, según tenemos entendido, hay algunos que fueron despedidos y luego reincorporados, por lo que no está tan clara cuál es la situación en ese sentido«, continuó Greco.
En total fueron 14 centros de acceso a la Justicia los que cerraron en todo el país, de los cuales 8 estaban ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.
«Estamos buscando hacer alianzas con otras organizaciones y hablar con los referentes del barrio para poder entender bien el impacto del cierre y también tener una reunión con las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que reconsideren la decisión«, además agregó, «ninguno de estos Centros de Acceso a la Justicia pagaban alquiler porque funcionaban en espacios a préstamos, en parroquias o en espacios comunitarios, no implicaban ningún gasto en ese sentido«, finalizó Greco.
Producción: Pasadas por alto
Foto: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos