El gobierno nacional continúa con su plan de ajuste y anunció el cierre de 81 centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país que, se suma a 5 que ya fueron cerrados hace unos meses. En los CAJ trabajaban 500 personas, entre personal administrativo, psicólogos, abogados y trabajadores sociales, y otros equipos interdisciplinarios de profesionales. Estos centros son oficinas que brindan servicios de atención legal primaria gratuita en temas de seguridad social, familia, trabajo, documentación, entre otros y estaban a cargo de equipos interdisciplinarios de profesionales.
El abrupto cierre de estas 81 oficinas sumaría centenares de despidos a los 120 registrados en el área hasta la fecha. Sergio Job, coordinador de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa) de los Centros de Acceso a la Justicia y abogado penalista, se refirió a esta nueva medida del Gobierno nacional y afirmó que «los despedidos fueron esos 120 que fue la primera camada de hace un mes y medio o dos meses atrás. Esta nueva camada se anuncia como para fin de mes. Nos enteramos igual que ustedes, igual que todo el mundo, por las redes. Es una vergüenza lo que hace la gestión del ministro Cuneo Libarona y la actitud de la subsecretaria de acceso a la justicia, Candelaria Montenegro. Los trabajadores que venimos de la gestión anterior y los sindicatos, a menos que no hayan comunicado nada previamente, nos enteramos por un comunicado en redes que además, es tremendamente mentiroso. Es bastante indignante porque es una política muy federal, que tiene presencia en todos los territorios y que justamente, el valor que tiene Acceso a la Justicia es estar presente en territorios donde hay escasa o nula presencia del Estado».
Sergio Job advirtió que este cierre trae consecuencias directas para las comunidades de los diferentes territorios porque «se quedan sin abogados pero no solo eso. En un momento donde hay una crisis de salud mental muy profunda en nuestro pueblo, sobre todo pos pandemia que se incrementó muchísimo. Si cerras 81 CAJ, 81 psicólogos que hoy están atendiendo todos los días a un montón de gente, a un montón de comunidades, a dónde va a ir esa gente a atenderse. Están absolutamente colapsados los sistemas de salud, y el sistema judicial ni hablar. El nivel de ineficiencia, de acumulación de causas, de no resolución que tiene y además, están sacando un dispositivo que por las mediaciones comunitarias permitía que no existiera la judicializción de cuestiones barriales, familiares, que tal vez se podían resolver por esas mediaciones. Todo eso ahora va a parar a un ya ineficiente Poder Judicial».
Uno de los argumentos que se esgrimieron para justificar el cierre de los CAJ es porque se los definió como «caja de la política». En este sentido, Job afirmó que desconoce a qué se refiere esa afirmación y señaló que eso solo sirve «para justificar las políticas que llevan adelante. En el mismo comunicado dicen que es una política que sale 8 mil millones de pesos. Es absurdo el número». Además, informó que «solo 10 CAJ en todo el país pagaban alquiler en lugares del interior. Estamos hablando de alquileres bastante bajos. El resto está inserto por convenios con municipios o provincias, o en asociaciones civiles, iglesias, y demás. Estamos hablando de sueldos estatales, no de lo que puede cobrar Cuneo Libarona por llevar una causa. Es una política sumamente barata y que tiene un impacto sumamente positivo en los territorios y que evita gastos de otra manera. Por ejemplo, quienes no resuelvan las cosas en un CAJ quizás van a judicializarlo y cuánto sale llevar adelante una causa para el Estado».
Producción: Pasadas por alto