El decreto 373/2025 publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial modifica la Ley Nº 27.654 (Ley de Situación de Calle y Familias sin Techo) en varios de sus artículos y por ende, delega en las provincias la asistencia a las personas en situación de calle y el acceso a la vivienda digna.
En un contexto de gran emergencia habitacional y social, este nuevo decreto profundiza la compleja problemática de las personas en situación de calle, no sólo en la Ciudad de Buenos Aires sino también en el resto de las provincias del país, al eliminar la responsabilidad estatal del cumplimiento del derecho al acceso efectivo a una vivienda digna. María Eva Koutsovitis, ingeniera civil, investigadora y miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad explicó que «es un decreto de delegación, derivado de la conocida Ley Bases, que modifica la Ley 27.654 que ha sido una enorme conquista de las organizaciones que trabajamos la problemática de la situación de calle».
Koutsovitis señala que la principal modificación tiene que ver con el artículo 10 de la Ley, que establecía que las personas en situación de calle tienen derecho al acceso efectivo a una vivienda digna de carácter permanente, lo que implica un retroceso fenomenal en materia de derechos humanos.
El decreto define como nueva autoridad de aplicación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Capital Humano. En palabras de Koutsovitis, esto implica que «la problemática deja de abordarse de manera integral y plantea un abordaje reduccionista». La asistencia a las personas en situación de calle ya no depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que anteriormente disponía de una mesa de articulación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de las mujeres, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con el SEDRONAR, con las universidades, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, justamente para darle esa mirada integral que requiere el tema.
El espíritu de este decreto no es solo eliminar el derecho a la vivienda digna y modificar la autoridad de aplicación, sino también quitarle responsabilidad a la Nación de la atención de las personas en situación de calle. El Gobierno Nacional se lava las manos con este problema y se lo delega a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires»
Hoy en día, las organizaciones sociales son las que más se ocupan de la problemática, entre ellas «Proyecto 7», una asociación civil para el abordaje integral, multidisciplinario y colectivo de las problemáticas de las personas en riesgo y situación de calle, que ya vienen organizando el tercer censo popular de personas en dicha situación. «Estos censos no solo nos han permitido conocer el numero real de personas que se encuentran en esta situación, sino también visibilizar la problemática, conocer cómo está compuesta la población, ya que vemos muchas familias y adultos mayores. Es muy importante darle la máxima difusión posible a este censo para exigirle al Estado, en todos sus niveles, que aplique las leyes que hemos conquistado y darles el presupuesto necesario porque la calle no es un lugar para vivir», remarca Koutsovitis.
Más de medio millón de personas se encuentran en una situación de emergencia habitacional y las políticas del Gobierno Nacional no hacen más que profundizar esta emergencia y violar muchos derechos en relación a esta problemática. «El año pasado, entre lo que recaudó y “ejecutó” el Gobierno, sobraron 300 millones de dólares que hubieran alcanzado para comprar entre 7.000 y 8.000 viviendas», señaló Koutsovitis. Y concluyó que «si todos los años el Gobierno incorporara 10.000 viviendas a un banco público de viviendas, sería posible mitigar progresivamente esta emergencia habitacional que es un enorme flagelo, porque viene de la mano de la emergencia en adicciones, emergencia social, emergencia en materia de salud mental».
Producción: Eso que Falta
Foto: Camila Godoy / ANCCOM.