Para la gestión de Milei las personas con discapacidad son un blanco de ataques múltiples. En medio de los recortes, la suspensión de pensiones, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) están involucradas en una causa de corrupción de la que, hasta el momento, no se tiene más información. En este contexto, el Gobierno no solo decidió incumplir la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad votada en el Congreso, sino que ahora también busca cerrar la sede central de Pensiones de la ANDIS ubicada en Hipólito Yrigoyen 1447, en pleno centro porteño.
Eugenia Vega Sánchez, delegada de ATE en Pensiones, comentó cómo se enteraron de la iniciativa de cierre de la sede y afirmó que «primero fueron rumores de que cerraban la sede de Yrigoyen que, como sabrás, es un edificio histórico de referencia para las personas con discapacidad y sus familias. Acá es donde comienza el trámite de pensiones para después acceder a la salud, a otras prestaciones. Se presentó un asesor que nos dijo que la idea era centralizar todo en la sede de Ramsay, en ese momento le explicamos que este edificio es accesible para las personas con discapacidad por su ubicación porque estamos en el centro, cerca de las líneas de trenes, de colectivos, tenemos accesibilidad. En cambio en la sede de Ramsay que, no nos oponemos a que haya atención al público, pero que sí dejen la atención al público acá porque para las personas con discapacidad es mucho más accesible llegar y no ponerles barreras como para llegar a a Núñez».
Sumado a la dificultad que implicaría para las personas con discapacidad tener una sola sede ubicada en la zona norte de la Ciudad, «también muchos trabajadores cuando se hizo el cierre de los centros de atención local en el conurbano en el gobierno macrista muchos compañeros vinieron a trabajar acá al edificio. Imagínate lo que es para gente que viene de La Plata, que viene de muchos lugares del conurbano, llegar hasta Ramsay. Es el cambio del sueldo por el transporte, o sea, es como hablar de despidos encubiertos», añadió la delegada de ATE.
En el edificio de Hipólito Yrigoyen «asesoramos a las personas con discapacidad para acceder a su pensión. No solo se asesora, sino se los ayuda a iniciar los trámites, se los orienta todo el tiempo, aparte cuando vienen a hacer reclamos, también acá estamos todos conectados las distintas áreas donde se van agilizando trámites y demás», comentó Eugenia Vega Sánchez. La delegada de ATE también comentó que «con esta auditoría monstruosa que hicieron, imagínate que está llegando gente, hasta de las provincias». Cabe señalar que a esta sede recurren actualmente personas de todas las provincias que fueron damnificadas por la suspensión de la pensión. «Están todos en la puerta de madrugada y duermen en la vereda esperando a que los atiendan con frío, con lluvia, todo eso que se vio en los medios. Justamente creemos que no quieren que se vea más más eso, porque Ramsay es un predio grande al cual hay que entrar y donde las cámaras y las fotógrafos no van a poder acceder», comentó la delegada.
En la ANDIS, confluyen dos situaciones críticas impulsadas deliberadamente por el gobierno, por un lado, lo que significa para las personas con discapacidad no cobrar la pensión, y por otro, la situación de precariedad laboral del empleo público. «El año pasado hemos tenido hasta casi 400 despidos en varias tandas. Estamos en esa situación donde sobre la precariedad laboral que tenemos los sueldos mínimos, porque es de público conocimiento que al ser empleados estatales no recibimos casi aumentos. La gente que viene de lejos va a cambiar el sueldo por el transporte y el tiempo también. En vez de hacer un listado despidiendo gente, la gente directamente renuncia o tenga que decir, ‘no puedo llegar’, reflexionó Vega Sánchez.
Por último, y ante el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Congreso evalúa interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. «Para nosotros era una luz de esperanza la Ley de Emergencia en Discapacidad», afirmó la delegada de ATE en Pensiones, «porque decíamos, por fin se va a ordenar un poco esto. Casi no hubo otorgamientos en todo este tiempo, trabajamos más que nada el tema de suspensiones que a ni a ninguno le gustaba trabajar, pero obviamente son órdenes y la ley de emergencia iba a ordenar este tema de las auditorías e íbamos a empezar otra vez a dar otorgamientos, a otorgar pensiones, que es lo que la gente necesita. Este retroceso nos hace estar a la espera, no sabemos cómo va a terminar reglamentada. La idea para nosotros es seguir dando pensiones porque acá el censo mostró que había entre 5 millones y 6 millones de personas con discapacidad y nosotros apenas tenemos 1.200.000 pensiones otorgadas, todavía tenemos un universo amplio para seguir otorgando pensiones».
Producción: Eso que falta
Foto: prensa, Junta Interna ATE Pensiones.