A través del decreto 1048/2024, el gobierno de Javier Milei decidió eliminar el Fondo de Asistencia para Víctimas de Trata, una de las pocas políticas públicas de restitución de derechos para sobrevivientes del delito de trata que quedaban en pie. El fondo garantizaba la reparación económica a las víctimas a través del fideicomiso de bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación sexual, y de ganancias provenientes de tales ilícitos. Estaba contemplado en general en la ley 26.364 sancionada bajo el Gobierno de Cristina Kirchner, fue específicamente creado por la ley 27.508 bajo la gestión de Mauricio Macri y puesto en funcionamiento durante la gestión de Alberto Fernández. Además, representaba una reivindicación a una de las demandas históricas de las organizaciones antitrata que reparó a 498 personas.
Facundo Lugo, integrante de la Fundación Alameda, se refirió a la medida del Gobierno y afirmó que “a través de dos escuetos renglones, el gobierno, la gestión actual de Milei puso fin al trabajo de cinco fondos fiduciarios entre ellos, el que buscaba reparar a las personas víctimas de trata y que como mencionaban era una política de Estado. Es importante esto porque atravesó tres gobiernos, se había puesto en funcionamiento, había efectivamente indemnizado una cantidad considerable de personas que fueron sobrevivientes, que eran sobrevivientes del delito de trata, y además era un fondo que tenía un control absolutamente exhaustivo. Con lo cual, ese comunicado que habla de que había una desviación de fondos, siempre tratando de instalar esta idea de que no se sabía para qué se utilizaban o que era una caja política lo cierto es muy concreto”.
En cuanto a las acusaciones de desvío de fondos a partir de esta política pública, Lugo explicó que “había un proceso judicial, en ese proceso judicial se determinaba y se identificaba a la víctima o a las víctimas, se definía el monto, se comunicaba al Ministerio de Justicia y, una vez liquidados los bienes, se indemnizaba y se reparaba económicamente a la víctima de trata. Todo esto controlado y monitoreado a través del Ministerio de Justicia, del Consejo Federal de trata, donde están todas las provincias su país del propio Banco Central, porque el fondo fijo como cualquier fondo de estas características está sometida a regulaciones del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores. Lo que se buscó, lo que se busca es eliminar una política pública con el agravante de que a diferencia tal vez de otro tipo de medidas o de instrumentos en este caso estamos vulnerando el derecho de un colectivo que ya de por sí es vulnerado como es las víctimas de trata. Esto es lo más grave acá. Lo central es que hay un conjunto de personas que, en general si uno ve las trayectorias de las víctimas de trata laboral o sexual, la mayoría ingresan en este circuito siendo menores de edad y que tienen todo tipo de vulnerabilidades afectivas, económicas, sociales”.
El integrante de la Fundación La Alameda informó que “hace unos 3 o 4 meses presentamos un primer informe del desmantelamiento de las políticas públicas de asistencia para las personas víctimas de trata. Esta era prácticamente la última que quedaba en pie. Hoy por hoy se rescata una persona de un prostíbulo, de un privado, de un campo, de un taller textil clandestino y no hay ni siquiera un Potenciar Trabajo para darle a esa víctima, no hay ni siquiera una asistencia económica directa y esto era un poco el último mojón que quedaba de asistencia y fue fue eliminado. Esta política pública era referencia a nivel regional, habíamos recibido visitas de varios países para contarles o conocer la experiencia del Fondo Fiduciario, una experiencia exitosa seguramente perfectible, mejorable como toda política pública, pero obviamente de ahí a su eliminación hay una diferencia”.
Por último, Facundo Lugo advirtió que “hace pocas semanas, en noviembre estuvo reunido el Consejo Federal de Trata que por ley tiene que reunirse al menos dos veces al año, las propias autoridades del gobierno presentaron informes sobre el Consejo Federal de Trata, hay una comisión específica de seguimiento y no es que había funcionario de segunda línea, estaba el viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, estaba la directora del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata actual. Con lo cual, evidentemente o no lo sabían o, le ocultaron al resto de las provincias, de las organizaciones sociales presentes sobre esta novedad. Pero lo cierto es que no solo no hubo comunicación previa, sino que además lo que es peor, como a muchos otros casos este gobierno elimine instrumentos y no da alternativa”.
Producción: Pasadas por alto