Recientemente tomó estado público un documento en el que el gobierno planifica una reforma educativa a nivel nacional. Según funcionarios oficialista el proyecto de ley se filtró y tal como afirmó la diputada Carolina Losada, «hay un pacto de confidencialidad y no se puede difundir» porque todavía se está trabajando en lo que pretende ser una nueva normativa. El proyecto denominado «libertad educativa» pretende llevar a cabo una serie de reformas que, de concretarse, implican la derogación de la Ley de Educación Nacional 26.206. Entre los puntos que más resonaron se destaca la transferencia de responsabilidad a las familias en la toma de decisiones del ámbito escolar; se habilita la educación en el hogar; y admite la educación religiosa en escuelas estatales. Angélica Graciano, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadorxs de la Educación (UTE) y secretaria gremial de la Central de Trabajadores de la Educación (CTERA), se refirió al proyecto y afirmó que «lo que están intentando, una vez más, es introducir reformas que habilitan la mercantilización del conocimiento. Es decir, que para acceder al conocimiento haya que mediar algún tipo de pago», y señaló que esto «va contra la historia argentina, historia de la educación argentina desde la Ley 1.420 en adelante la educación es gratuita y la responsabilidad del estado». En este sentido, Graciano recordó que quienes impulsan esta reforma durante la pandemia impulsaban «la campaña era abran las escuelas, porque los chicos se tienen que socializar, pero parece que ahora es mejor que no se socialicen, que estén en su casa y reciban educación. Esto para las clases que tuvieran acceso a ello en sus casas, pero para los sectores populares la no obligatoriedad implica la incorporación de los niños al mundo del trabajo, es decir, repone indirectamente el trabajo infantil, que es lo que quería Benegas Lynch».
Por otra parte, la Secretaria general de CTERA advirtió que «el otro aspecto es que al no responsabilizarse el Estado, qué tipo de mediaciones van a tener las familias para poder acceder a la escuela. El sistema de vouchers que ya fracasó en Chile, el sistema de créditos, como es en las universidades de otros países que una vez que te recibís tienes que devolver la plata y terminan las familias endeudadas por años. Acá hay un debate sobre el tema de la incorporación de la educación a los tratados de libre comercio, que también es un artículo de la Ley Nacional de Educación que dice que está prohibido».
En suma, Angélica Graciano sostuvo que «estamos ante un proceso de mercantilización, privatización y desresponsabilización de un sistema educativo que es integrado, articulado y es muy efectivo en términos de distribución y apropiación del conocimiento de la población que va a transformar la educación en algunos casos de élite y en otros casos, si la familia no no pudo mandar su hijo a la escuela, no va a generar ninguna contradicción social como lo genera hoy».
Por último, Graciano señaló que «cada vez que quieren hacer una reforma los sectores este interesados en la educación lo primero que hacen es atacar el trabajo docente. En realidad los ataques a la educación no vienen por aquellas cosas que podrían ser mejorables, sino por los éxitos de la educación pública que es mayoritaria, en un país libre de analfabetos y que hay sectores de la población que acceden cada vez a niveles de educativos más altos. Entonces lo que quieren hacer es degradar el trabajo docente, degradar las tareas que hacen las escuelas para después flexibilizar y aplicar una especie de «Libertad educativa» que no es más que dejar librado a las reglas del libre mercado, además de consolidarse tu origen social y las clases sociales».
Producción: Eso que falta