La ley de alquileres 27.551 entró en vigencia el 1º de julio de 2020. La semana pasada el Congreso tenía previsto el tratamiento de la misma para abordar modificaciones, sin embargo el cometido no se llevó a cabo. Tres años después, las inmobiliarias pide al Gobierno insisten con derogar los artículos que remiten a: la duración de los contratos y a la regulación de los precios por medio del índice establecido.
Daniel Lipovetzky, diputado bonaerense de Juntos por el Cambio y uno de los creadores del proyecto, declaró en su momento que uno de los motivos de base para la ley fue el reclamo generalizado de lxs inquilinxs ante los aumentos impuestos de forma abusiva por lxs propietarixs e inmobiliarias.
«En ese momento la inflación era mucho menor a la que es ahora. Ahora los inquilinos sienten que los aumentos son muy altos y se hace el planteo de que la ley no cumplió con sus objetivos. La ley nunca pretendió fijar los precios de los alquileres, sino reducir los abusos que venían sufriendo los inquilinos en ciertas condiciones. En general no han funcionado las regulaciones de precios en función de las legislaciones. Distinta es la cuestión en torno a la oferta, yo creo que ahí el Estado tiene herramientas para incentivarla«.
«Creo que hay muchos artículos que no funcionaron porque estamos en un momento muy distinto a la coyuntura de ese momento. Si tuviésemos una economía más estable o menos inflación. Hay muchos artículos que creo que son muy positivos: por ejemplo reducir el depósito a un mes en vez de dos y que cuando se finalice el contrato esa devolución se haga con un valor actualizado. También se ampliaron los instrumentos de garantía como por ejemplo un recibo de sueldo«.
Lipovetzky se refirió también a artículos de la ley que no fueron aplicados, como el programa de alquiler social.
Si los inquilinos que son a quienes apuntamos para escribir la ley, no la están defendiendo, quiere decir que hay algo que no está funcionando. Y lo que no está funcionando es que no hay oferta, los inquilinos creen que es culpa de la ley, pero en realidad es decisión de los propietarios. Nadie puede obligar a los propietarios a que ponga en oferta o no la propiedad. Desde ahí es que yo planteo que hay que considerar la cantidad de años de la duración del contrato».
Lipovetzky
Finalmente, Lipovetzky se refirió al recientemente publicado informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde se detalla que los alquiles aumentaron un 600% desde la sanción de la ley, «Los propietarios buscan mayor rentabilidad porque hoy la rentabilidad es muy baja con el dólar tan alto«.
Producción: Eso que falta
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