Un centenar de familias resiste un intento de desalojo en el edificio Casa Santa Cruz ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios. A primera hora de la mañana la Policía de la Ciudad desplegó un operativo sin precedentes para desalojar el inmueble donde junto a sus familias viven más de 100 niños y niñas. El megaoperativo cuenta con un vallado de todas las calles aledañas a la zona.
Luego de la intervención de representantes de las familias y organismos de Derechos Humanos ante oficiales de justicia, en el transcurso de la mañana se abrió una mesa de negociación que hacia el mediodía llegó a un acuerdo en el cual se suspendió la orden de desalojo por un plazo de seis meses que le permita a las familias alcanzar una solución definitiva.
Rosa Herrera, abogada integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, comentó cómo se organizaron las familias en estos 20 años para garantizar su derecho a la vivienda. «La Casa de Santa Cruz 140 es un edificio que tiene seis pisos con terraza y subsuelo. Era sede de una fábrica textil, Selsa, que en un momento dado quedó en la quiebra en los 90′. Quedó ese inmueble que era la sede administrativa de esa empresa en el total abandono, con basura, plagas y con las necesidades de vivienda que hay en la ciudad, las familias en situación de calle desesperadas sin techo, fueron recuperando ese inmueble paulatinamente desde hace 20 años. Ahí no son en total 350 personas aproximadamente de 100 familias y 100 niñas, niños y adolescentes».
Las familias fueron notificadas del desalojo previsto para el día de hoy. La causa que lleva más de 13 años están en manos del juez Fernando Cesari en el Juzgado en lo Civil N°60. Según el magistrado el desalojo puede ser de forma «escalonada» y se autorizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales «ante la complejidad del caso», de considerarlo necesario. La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña advirtió que «la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años». Desde la tarde de ayer se realizó un festival y vigilia para acompañar a las familias.
La abogada Herrera informó que cuando se subastó el inmueble las familias «ya vivían ahí hacía casi una década», «subastan el inmueble, lo compra un señor que se llama Leonardo Ratuschny, que es una persona del negocio inmobiliario». A partir de ese momento el comprador «inicia, el juicio de desalojo inmediatamente. Entonces, a partir de ahí se inicia otra lucha, porque en principio era una lucha por procurarse el techo, por dignificarlo, hacerlo más habitable para la familia y a partir de ahí se judicializa la lucha. Desde ese momento, desde el 2010, estamos defendiendo a las familias en ese juicio de desalojo». En cuanto a la causa Rosa Herrera, advirtió que no debe tratarse solo como un conflicto entre particulares,
«nosotros lo ampliamos diciendo que el derecho una vivienda digna también es un derecho de jerarquía constitucional, que hay tratados de internacionales que el Estado firmó y que debe cumplir, por lo tanto son normativas exigibles de garantizar el acceso a una vivienda digna».
Rosa Herrera. Abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
En estos años las familias no solo tuvieron que luchar en la órbita judicial, se ocuparon también de mejorar las condiciones edilicias y pagar los impuestos, además desarrollaron un proyecto para la compra del inmueble en base a la Ley 341 «que es un programa autogestivo de vivienda que está en el marco del distrito de vivienda de la ciudad. El máximo responsable en vivienda definitiva de las ciudades es Instituto de Vivienda de la Ciudad. En un momento dado también había en este tipo de programas asistencia y respaldo estatal a las cooperativas para que puedan construir las viviendas definitivas. La idea era que con esos créditos que se daban la cooperativa pudieran comprar el edificio y reformarlo adecuándolo a las viviendas que a las familias», comentó la abogada quien añadió que «hemos presentado esa propuesta y sistemáticamente en todos estos años fue rechazada con los falaces». Las familias ofrecieron soluciones al Gobierno porteño y tal como lo comentó Rosa Herrera, incluso estaban dispuestas a que se construyan las viviendas en otro terreno.
En la misma línea de trabajo mediante vías institucionales, las familias presentaron a la Legislatura porteña un proyecto de expropiación que también fue rechazado. Por este motivo, presentaron un pedido de amparo a la justicia con medidas cautelares. «Acá hay una sobrejudicialización de las familias», afirmó la abogada Rosa Herrera.
(Noticia en desarrollo)
Producción: La cocina del miedo
Fotos: Telam
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