Luego de la Reforma de la Constitución impuesta por Gerardo Morales en Jujuy, las manifestaciones continúan, así como la represión y persecución a manifestantes, docentes y pueblos originarios. Lo que siempre queda como determinante de estas modificaciones violentas es el interés por la explotación de los territorios, específicamente en busca de litio.
«Pasó más de un mes. El pueblo se ha puesto de pie acá en Jujuy, miles de personas se movilizaron por la reforma reaccionaria avalada por el PJ y la UCR. Con esta reforma los sectores empresariales van a tener más beneficios y para que eso suceda el Gobierno de Jujuy tenía que avanzar en restringir y criminalizar el derecho a la protesta «, remarcó Natalia Morales, Diputada electa y parte de la convencional constituyente del PTS/Frente de Izquierda en Jujuy.
«Desde el 2015 se instaló la sociedad «Sales de Jujuy», cuyo principal accionista es una multinacional australiana y se funcionó con otra empresa estadounidense y también Toyota hace negocios en la producción de baterías de litio. El Estado jujeño es un socio menor tiene un 8,5% de las acciones«.
El artículo 74 de la nueva constitución de Jujuy afirma que “la tierra es un bien de trabajo y de producción” y que “la ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo”.
«Dejar en claro en ese artículo que la tierra tendrá esa prioridad implica que lo que hacen las comunidades no se considera una actividad productiva«, sostuvo Morales.
Producción: Eso que falta
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