La semana pasada, a pocos minutos de que el Senado haya rechazado la reestructuración de organismos como el INTA, INTI, INASE y el INV, el ministro de Economía, Luis Caputo, resolvió pasar a disponibilidad a más de 300 trabajadores de planta permanente de dichos organismos. La Asociación de Trabajadores del Estado presentó una medida cautelar ante la justicia y el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín falló en favor del gremio y detuvo lo que podía ser la antesala de más despidos en el empleo público. De esta forma, el Ministerio de Economía tuvo que retrotraer la medida y ya anunció que acatará la decisión judicial. Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, se refirió al y afirmó que «estamos hablando de trabajadores del sector público, trabajadores estatales del Estado nacional que están en planta permanente, es decir, que no están contratados».
En este sentido, Campos explicó que se trata de trabajadores que estos trabajadores cumplen funciones técnicas «pensemos trabajadores de del INTA o del INTI que hacen un laburo muy técnico, muy importante, que tiene repercusiones en la cotidianeidad de nuestra vida que a partir de distintas decisiones tomadas por el Gobierno Nacional vieron peligrar su fuente de trabajo. El antecedente de esta cuestión es la ley bases, donde se había discutido qué facultades darle al Estado nacional para realizar despidos en el sector público y para básicamente cerrar o fusionar organismos. En su momento, a partir de la resistencia de muchos trabajadores y trabajadoras y de las organizaciones sindicales, hay una cantidad relativamente importante de organismos que el Estado no podía, que el Gobierno Nacional no podía cerrar. Lo que hizo el Gobierno Nacional fue no darle mucha importancia a esta decisión del Congreso Nacional y avanzó muy fuerte con el cierre».
Si bien, la medida no implicaba el despido inmediato de estos más de 300 trabajadores, la estrategia de pasarlos a disponibilidad indicaba por el accionar del plan de ajuste que esto sería el paso previo a la pérdida de las fuentes de trabajo. Luis Campos explicó en qué consiste el pase a disponibilidad y afirmó que «durante un tiempo que, dependiendo de su antigüedad puede llegar hasta un año, queda sin funciones, no tiene la obligación de prestar tareas a la espera de que sea reestructurado y poder ir a trabajar a otro organismo. En las actuales condiciones del funcionamiento del Estado Nacional no parece que vaya a ser la alternativa, sino que es un paso previo al despido.No te pueden despedir directamente pero te pasan a disponibilidad, y teniendo en cuenta cómo funciona el gobierno nacional, claramente esto es el estadio previo al despido de ese trabajador que tiene una garantía de estabilidad que proviene de la Constitución Nacional, del artículo 14 bis.
En este sentido, Luis Campos, calificó la decisión de la justicia federal como un acto de suma importancia, «básicamente porque lo que hace es suspender los efectos de este pase a disponibilidad y decir que estos trabajadores y estas trabajadoras siguen trabajando en las mismas condiciones que lo hacían con anterioridad. Es muy importante, porque más allá de que el gobierno nacional está desestructurando el funcionamiento del Estado nacional en derecho y en los hechos».
«Que en derecho el estado, el gobierno nacional no pueda avanzar y de hecho, esta decisión judicial lo que hace es ponerle una traba al desmantelamiento institucional, es muy importante porque te permite resistir desde otro lugar. Te permite seguir realizando acciones de resistencia en las calles, o a nivel institucional, por ejemplo, a nivel del Congreso. El plan del gobierno nacional no va a ser modificado por estas decisiones judiciales, pero lo cierto es que en la medida que el ajuste general no genera una mejora en las condiciones de vida del conjunto de la población, el gobierno nacional se enfrenta a cierta pérdida de legitimidad, a cierto retroceso», afirmó Luis Campos, investigador Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma.
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