La semana pasada el plenario de comisiones de la Legislatura de la Ciudad continúo con el debate sobre dos proyectos impulsados por el jefe de Gobierno, Jorge Macri: la creación de un sistema penitenciario propio para la Ciudad y una nueva Ley de Ejecución Penal. Las comisiones de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales debatieron ambas iniciativas y de estos debates participaron organizaciones de la sociedad civil. Macarena Fernández, coordinadora del equipo de Política criminal y violencia en el encierro del CELS, se refirió a los proyectos y las observaciones hechas por el organismo de derechos humanos. «La ciudad propuso dos proyectos, uno para el servicio penitenciario, otro de ejecución. No son los únicos proyectos presentados, en el caso de ejecución hay cuatro proyectos, en el caso del servicio cinco de diferentes legisladores entendiendo que es necesario que la ciudad tenga su propio sistema de encierro penal. Desde nuestro punto de vista es necesario porque es como algo que quedó relegado en el tiempo y hasta el 2020 todas las personas que eran detenidas y que tenían algún tipo de proceso penal en la ciudad, no solo la justicia de la ciudad, sino también de la vieja justicia nacional que quedó de cuando era capital federal, iban al servicio penitenciario federal. Eso dejó de suceder y empezaron a quedar acá en muy graves condiciones. Eso hay que resolverlo y hay que resolverlo rápido y bueno, la ciudad tiene que hacerse cargo».
En cuanto a la intervención del CELS Macarena Fernández informó que «hicimos sobre todo observaciones a los proyectos propuestos por el Poder Ejecutivo. La ley de ejecución dice cómo debe ser el encierro, cuáles son tus objetivos, cómo tiene que regularse, qué derechos tienen las personas privada de libertad, etcétera. Nosotros veíamos algunos problemas y cuestiones que sería bueno que no lleguen así a recinto, por ejemplo, saca la idea de que la pena, en lugar de tener como objetivo la resocialización, esto quiere decir que las personas que cumplan una pena, trabajen, estudien, se forman, tiene como objetivo más bien la seguridad».
Además, la coordinadora del equipo de Política criminal y violencia en el encierro afirmó que, «otra cuestión muy grave observa que permite algunas excepciones dentro del encierro que pueden llegar a generar situaciones no reguladas de violencia como por ejemplo, el uso de armas dentro de la cárcel, algo que de por sí está prohibido a nivel nacional y por supuesto va en contra de las leyes internacionales. La posibilidad de nombrar un estado de excepción y entonces que todos los derechos queden por el momento pausados y que pueda avanzar la policía y algunas cuestiones de ese tipo que quizás no están reguladas como usar las armas menos letales dentro del encierro, taser, gas pimienta, etcétera».
Por último, el proyecto presentado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, «habilita la posibilidad de que haya gestión privada. La gestión privada sería del espacio de encierro, pero la custodia y quienes están dentro deberían ser parte del servicio penitenciario, porque obviamente no puede ejercer ese rol otra persona que no sea el Estado, porque es el Estado quien tiene esa potestad. Pero sí que la gestión de la cárcel, como si fuese una empresa de gestión sería privada. Limpieza, alimentación, edificio, construcción, recreación, todo sería privado. En otros países ha funcionado muy mal y suele ser un gasto carísimo para el estado. Todas las experiencias internacionales que existen sobre sobre gestión privada de cárceles son muy costosas y bastante poco eficientes», informó Macarena Fernández.
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