El Poder Ejecutivo Nacional viene llevando adelante reformas que habilitan la desregulación económica, laboral, impositiva y ambiental en nuestro país, con impactos negativos directos en la vida de lxs argentinxs. En particular, la flexibilización ambiental que busca implementar el gobierno nacional a través de reformas estructurales y normativas se traduce en la habilitación de la explotación económica sin restricciones de los bienes comunes naturales para su exportación, y por lo tanto, en el impacto directo en los socioecosistemas argentinos. En este contexto, y tras varios anuncios de modificación de leyes ambientales, se presentó finalmente en Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Nación el proyecto de modificación de la Ley N° 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Este proyecto busca reducir los presupuestos mínimos de protección ambiental y transferir a las provincias la facultad de definir qué glaciares y ambientes periglaciares deben ser protegidos y cuáles no.
Dario Avila, abogado especializado en temas ambientales, hace un racconto histórico de Argentina siendo país pionero en sancionar una ley específica para preservar los glaciares y el ambiente periglacial como “reservas estratégicas de recursos hídricos”:
«Si das un tratamiento parcializado a ambientes glaciares y periglaciares, estás fragmentando un ecosistema, y eso es criticado por el sector de la ciencia», agrega Ávila. «Al momento de sancionarse esa ley en 2010 los legisladores le confirieron al Instituto Argentino de Nivología Glaciología y Ciencias Ambientales la tarea de hacer un relevamiento de las formaciones glaciares en nuestro país. Este trabajo se hizo del 2015 al 2019 y por eso podemos saber las ubicaciones y características de los glaciares en Argentina. Hoy todo esto está en riesgo y se pone bajo cuestionamiento ya que la reforma constituye un retroceso en materia ambiental, vulnera el principio de no regresividad y pone en riesgo el derecho a un ambiente sano, en un contexto de crisis hídrica y avance de proyectos mineros.
La propuesta es absolutamente regresiva porque en la Argentina ya están identificados los espacios glaciares y periglaciares por el IANIGLA; ya se estableció cuál es la extensión y el límite de protección. Otorgarle a las provincias la potestad de poder excluir glaciares o ambientes periglaciares dentro del Inventario Nacional va a significar la reducción de esa superficie que hoy está protegida y, por lo tanto, estaría vulnerando el principio de progresividad y no regresión. Ávila explica los puntos más graves del proyecto presentado:
El proyecto no especifica bajo qué criterios técnicos van a hacer su selección. Las provincias podrían bajo criterios políticos, económicos, absolutamente discrecionales, decidir qué es glaciar y qué no. A partir de eso, si solicitan la exclusión del inventario, le restan protección jurídica y la dejan como área sujeta a la explotación minera, que hoy están prohibidas en la actual ley de glaciares. De manera unilateral el presidente ha decidido y establecido como política pública que estos bienes comunes, estratégicos y fundamentales para la vida en el planeta, dejen de cumplir sus funciones esenciales y pasen a ser un objeto mercantilizable para las empresas mineras y petroleras.
Por último, el abogado ambientalista detalla, como ejemplo, la situación que ya está ocurriendo en San Juan hace años de la mano de la Barrick Gold que ya ha contaminado «en más de 3 oportunidades el Río Veladero». Esto es lo que va a pasar en todas las provincias, porque es lo que trae la megaminería, «se les está dando un cheque en blanco a estos intereses poderosos».
*Producción: Algo con erre
*Foto: Nicolás Pousthomis en Tierra Viva