El 12 de junio la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) otorgó al Club Atlético River Plate un permiso de uso sobre un terreno fiscal ubicado en la Avenida Cantilo al 5700 de la Ciudad de Buenos Aires. El predio en cuestión es el campo de deportes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Si bien las tierras se cederían a través de un permiso que no significa venta ni posesión, sí implica la posibilidad de que el club efectúe obras de infraestructura para actividades deportivas, recreativas y educativas que quedarían luego al Estado Nacional una vez que el club deje los terrenos.
Sin embargo existen antecedes en la ciudad en los que se se han utilizado clubes para luego venderlas tierras a manos privadas y edificando sin atención a los fines sociales con los que fueron cedidos en primer lugar. Uno de esos antecedentes son las tierras que le dieron a Boca para la construcción de una ciudad deportiva, que luego le permitieron vender y que fueron finalmente comprada por IRSA. Un caso similar es el del actual Movistar Arena construido en un espacio que había sido entregado al Club Atlanta.
Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, explica que se trata de un accionar con antecedentes.
«Hay un historial nacional y en la Ciudad de Buenos Aires en la que ciertos sectores utilizan a clubes como primer paso para ir apropiándose de la tierra pública. Tenemos el caso de Ferrocarril Oeste por ejemplo. Como son asociaciones civiles con fines sociales, el Estado otorga las tierras para promover esos fines. Pero luego esas tierras terminan siendo vendidas a privados, ya sea porque el club quiebra o porque se le levantan las condiciones de prohibición de venta que tenían cuando les fueron entregadas“.
Además en el caso de River se suma la complejidad de que en el lugar había una medida judicial de «no innovar“ porque existen denuncias de que allí se habrían incinerado cuerpos durante la última dictadura. Al respecto Baldiviezo sostuvo: «De repente vemos que se levanta esta medida de no innovar con la condición de que a medida que se van haciendo las obras tienen que intervenir de forma previa peritos forenses para ver si hay rastros o pruebas en las zonas donde se vaya construyendo“.
Si bien se reconoce que la capacidad para definir la transferencia y el uso de la tierra pública es potestad del Congreso, en el año 2018 se votó una ley que modificó las cualificaciones de la AABE en la que se le otorgó a este organismo la facultad de ceder el uso de tierra fiscal a privados.
«Esa norma para nosotros es inconstitucional porque implica una delegación de las facultades legislativas del Congreso a un organismo del Estado. Además el Congreso puede delegar facultades en cuestiones de administración o de emergencia, pero no es ninguno de estos dos casos“, señala Baldiviezo.
Producción: Eso que falta