Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierta, con el acompañamiento de las fundaciones FES Argentina, Heinrich Böll y Rosa Luxemburgo, presentaron el informe “Bajo asedio. Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia ante la ofensiva revisionista”. Marcela Perelman, directora de Archivos del CELS, se refirió al informe y contó que «desde que inició este gobierno continuamos un trabajo que venimos haciendo entre estos organismos que es balances de las políticas de memoria de la justicia en las que siempre estuvimos involucrados. Siempre lo hicimos, pero desde este gobierno tuvo otro énfasis por este contexto que llamamos de intento de cancelación de la memoria o en este informe de asedio. Durante el año hicimos varias presentaciones a Naciones Unidas, al Sistema Interamericano, a la Comisión Interamericana y ahora todo ese relevamiento que sostenemos cotidianamente de qué va pasando con cada política, con cada sitio, con cada juicio lo sistematizamos en un informe. Es es es en realidad la sistematización de la información con la que nos Nosotros trabajamos cotidianamente».
Perelman destacó que «en toda la democracia y nunca había ocurrido este nivel de de ataque y desmantelamiento que estamos viendo ahora. Y a lo largo de toda la democracia hubo políticas como las que llevaron a al Archivo Nacional de la Memoria o unidades de investigación, digamos, una institucionalidad muy rica. Son muy diversas y fortalecieron las capacidades de investigación del Estado como apoyo al poder judicial que contribuyen no solo al proceso de justicia, sino también de memoria que no están orientadas solamente a los profesionales o a los organismos de derechos humanos, sino a la sociedad en general porque también contribuyeron a los programas de educación que se dan en todas las escuelas del país. Nosotros llamamos podemos llamar políticas de memoria de justicia a un conjunto de instituciones y programas y espacios que se fueron conformando y que fueron la la respuesta social y política e institucional de rechazo a lo que había sido el terrorismo de Estado».
A estas políticas de memoria, verdad y justicia «se le aplica una especie de motosierra ideológica», advirtió Marcela Perelman, y añadió que «no solo el ajuste económico general que atraviesa casi todo el estado, porque hay excepciones, no atraviesa la SIDE, por ejemplo». Esta motosierra ideológica que señala la representante del CELS «no responde solamente a una racionalidad económica, financiera, sino abiertamente a una racionalidad política de embate contra esos valores, principios de la memoria construidos en toda la democracia».
Durante el mes de febrero la Armada Argentina informó que iba a mudar su archivo general (AGA) y, para eso, autorizó la selección y trituración de documentación. Esto encendió una alarma entre querellantes, fiscales y jueces que intervienen en juicios por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado, porque podría tratarse de una maniobra para hacer desaparecer prueba fundamental para estos procesos. En este aspecto Marcela Perelman explicó que «se logró proteger la documentación con una medida preventiva, pero nos alertó de esta disposición a la destrucción de archivos. Porque a veces se trata, supongamos de una serie de contratos o archivos que parecen burocráticos de una época, no parecen sensibles o históricos, pero después en los juicios un documento, un contrato, un legajo, puede ser la pieza clave para revelar algo, para desarmar un caso. No solamente son valiosos los documentos que tienen información directa sobre los desaparecidos, porque en general lo que se lo que hay que construir es un rompecabezas donde los documentos tienen sentido, por toda la acumulación que existe. Nuestra perspectiva es que toda la documentación de la época es potencialmente sensible y valiosa».
Producción: Eso que falta
Foto: CELS