El Proyecto Mirar lanzó el reporte “Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal” a partir de la sanción de la Ley 27.610. En él se da cuenta de la política de acceso al aborto en Argentina hasta 2022 inclusive, para identificar logros, dificultades y desafíos para ampliar el acceso.
Mercedes Krause, Doctora en Ciencias Sociales e integrante del Proyecto Mirar, se refirió al impacto de las políticas públicas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo en la calidad de vida de las personas gestantes que necesitan recurrir a la práctica. En este sentido, afirmó que «la ley produjo muchos cambios pero uno muy importante es que hay cada vez más acceso, más servicios disponibles, se duplicó desde el 2020 al 2022, hay más equipos capacitados para garantizar la práctica, y también más insumos. En 2022 se distribuyeron 90.900 tratamientos para la interrupción del embarazo con medicamentos y además la ANMAT autorizó la Mifepristona, es una droga que amplía las opciones terapeúticas dando mayor seguridad, eficacia y también mayor calidad en la atención del aborto».
Con relación a la situación de los servicios de atención para la práctica de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la investigadora señaló que «hay grandes avances pero también encontramos algunos cuellos de botella o problemas que deberíamos atender de acá al futuro. Si bien la mayoría de las provincias aumentó su disponibilidad de servicios hay algunas que lo mantuvieron estable o, incluso disminuyeron su cantidad de servicios que garantizan IVE o ILE (Interrupción Legal del Embarazo) entre 2021 y 2022. Es el caso de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego. Otro desafío importante es la falta de información, muchos gobiernos provinciales no producen informes de gestión para reportar, así como lo hace la Dirección Nacional de Salud Sexual cuáles son sus acciones y sus resultados en la política de acceso al aborto. A dos años de la sanción de la ley sería importante empezar a pensar en una nueva etapa de sintonía fina y en esto la calidad de la atención es importante. No solo que se acceda más, sino cómo se accede a un aborto. Que el trato sea siempre cuidadoso y que la tecnología obsoleta sea dejada atrás».
Sobre los aspectos señalados, Mercedes Krause advirtió también que «esto de la falta de información en las provincias también se repite con las obras sociales y con prepagas, casi no hay información sobre las prestaciones que se producen en los otros subsistemas y debería ser obligación poder reportar eso». La investigadora también destacó la necesidad de modificar los requisitos para el acceso a la medicación, este sentido, informó que el Misoprostol es un medicamento seguro y de bajo costo «por lo tanto, la receta archivada y por duplicado no se justifica e implica un riesgo para la confidencialidad y un potencial obstáculo en el acceso a medicamentos». Por último, Krause señaló con preocupación que «en algunas jurisdicciones también hay un nivel considerable de desconocimiento sobre el derecho al aborto que se suma también a un avance de organizaciones religiosas sobre los servicios de salud. Creemos que en épocas electorales pero siempre es necesario monitorear e incidir en estas políticas que garanticen los derechos conquistados, como en este caso el aborto legal y voluntario, para ampliar el acceso y también mejorar la calidad de la atención».
Producción: Algo con erre
Foto: Proyecto Mirar
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