El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, realizó una denuncia por irregularidades en los comedores populares gestionados por diferentes organizaciones sociales. En la madrugada del lunes la justicia federal ordenó un operativo de al rededor de 30 allanamientos en CABA y el Conurbano que incluyó domicilios particulares de integrantes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie. Después de los allanamientos las y los referentes denunciaron en una conferencia de prensa la extrema violencia desplegada por las fuerzas federales, incluso ante la presencia de niños y niñas. El Ministerio de Seguridad informó que hay 28 referentes acusados por coacción a beneficiarios de planes sociales para que asistan a las marchas.
Damaris, vocera del FOL e integrante de la Coordinadora por el Cambio Social, se refirió a los allanamientos y afirmó que se trata de una «persecución policial, política que toma ribetes tan violentos contra nuestros compañeros y compañeras. Ayer estábamos preocupades por las familias, las niñeces que comparten la organización y la vida con nosotres también y estaban violentando su intimidad». Damaris describió el operativo y comentó que «tuvimos 7 allanamientos en varios de los casos fueron muy violentos, apuntando con las armas, tirando al suelo a nuestros compañeros como si fueran delincuentes, narcotraficantes que han cometido grandes delitos. Con autos sin identificar, entrando a las 5 de la mañana, todo un escenario muy que a uno lo hace pensar en otros momentos de nuestra historia».
Si bien la causa está bajo secreto de sumario, desde las organizaciones denuncian que se filtra información a medios hegemónicos de comunicación en los que se hace pública información personal de integrantes de las organizaciones y mensajes de sus teléfonos. «Entendemos que es totalmente ilegal porque hay muchas cuestiones que no cierran», afirmó Damaris y añadió que, «no habían terminado todavía los allanamientos, estaban todavía las fuerzas federales en las casas de los compañeros y compañeras revisando las cosas y los medios hegemónicos, los medios del poder ya tenían los datos de los compañeros, las direcciones y las estaban haciendo públicas. La filtración del gobierno de esta situación da cuenta que es una causa armada».
La vocera del FOL además, se advirtió el riesgo de publicación de datos personales en un contexto caracterizado por la difusión de discursos de odio. «No hubo ningún tipo de explicación. La causa tiene secreto de sumario, no tuvimos acceso todavía a la información que han recabado (ilegalmente seguro). Exponer los nombres en una situación donde los discursos de odio lamentablemente están teniendo repercusión en la vida como lo pudimos ver con los lesbicidios de Barracas, nuestro compañero Charly que fue allanado ayer y que fue uno de los allanamientos más violentos, tiene una denuncia hecha en contra de un tipo que lo amenazó a él y su familia, le mandó videos de sus hijos. Esa denuncia está frenada. No lo investigaron. La libertad de la que habla esta gente no existe. Este sistema no ofrece libertad, cada vez ofrece más autoritarismo y más censura».
La causa está en manos del juez Federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita quien dispuso los 27 allanamientos. Desde diciembre de 2023 el Gobierno de Javier Milei suspendió el envío de alimentos a los comedores comunitarios, motivo por el cual, las organizaciones sociales reiteran con manifestaciones que son sistemáticamente reprimidas por fuerzas federales y de la Ciudad. El Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello desfinanció el programa de integración sociourbana de los barrios populares que, al mismo tiempo generaba trabajo, y reemplazó el plan Potenciar Trabajo por programas asistenciales. Por último, el CELS y la UTEP presentaron un recurso de amparo por la falta de alimentos en los comedores.
Producción: Charco de arena
Foto: Antonio Becerra |Anred
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