La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su Informe Anual N°18 sobre la situación de lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental, niñez y justicia penal de la provincia de Buenos Aires.
El informe «da cuenta de ese diagnóstico producto de la tarea cotidiana de entrar en los lugares de detención, relevar las condiciones en las que las personas están detenidas, entrevistarlas, denunciar los casos de torturas y malos tratos que se relevan, y producir información sobre el sistema penal y la política criminal», afirmó Roberto Cipriano, secretario de la CPM. Con la experiencia de todos estos años, «este informe plantea centralmente es que política criminal, vinculada con la prevención de la tortura y con cómo se alojan las personas, no solo en las cárceles, sino también en comisarías, centros de niñez, hospitales de salud mental, o comunidades terapéuticas, en todos esos ámbitos no ha habido cambios estructurales o que modifiquen una realidad que venimos denunciando hace tiempo», afirmó Cipriano.
Del análisis de la información producida la CPM llega a la conclusión en política criminal de que «lamentablemente en la provincia se reproduce una política transversal. Pasan los gobiernos pero la política de seguridad sigue siendo la misma, la política criminal es la misma. No se toman decisiones para cambiarla y obviamente, en esto tiene un papel central el Poder Judicial que contribuye a eso. El punitivismo tiene que ver con ideas que se instalaron en la provincia de Buenos Aires desde que Ruckauf asumió la gobernación que viene a plantear las políticas punitivistas o conocidas como de mano dura que plantean que la solución al problema de la inseguridad es la saturación policial de territorios. Se piensa la política en clave de ataque a ese delito callejero, predatorio contra la propiedad y se llena de policías y patrulleros cada vez mejores armados. Tenemos en la provincia 110.000 policías, todas las fuerzas armadas para custodiar la república tiene 80.000. Ahí tenemos una definición política que ha continuado en el tiempo limitando la seguridad a llenar de policía el territorio», advirtió Roberto Cipriano.
Este Informe N°18 cuenta con un apartado específico sobre políticas de niñez en el que se releva una tensa convivencia entre el antiguo paradigma tutelar con el sistema actual con perspectiva de derechos. «Lo que vino a cambiar la reforma de las leyes de niñez es a reconocer a los pibes como sujetos de derecho, darle un lugar central a la voz de los pibes y a la opinión de los pibes en los procesos que los involucran. Todo eso no pasaba con el viejo sistema del patronato donde el Estado trataba a los pibes como dueño y señor, eran objetos y el Estado decidía lo que mejor le parecía que en general era internarlos en centros de jóvenes donde se vulneraban los derechos», explicó el especialista. En este sentido, Cipriano señaló que «siguen persistiendo esas prácticas del patronato porque en las intervenciones de estos servicios locales de niñez, las razones por las cuales sacan a los pibes de sus hogares y ordenan las internaciones tienen que ver con un concepto de negligencia, despojado de todo tipo de análisis o de trabajo con las situaciones complejas que llevan a esos pibes a la situación de calle o a la situación de vulneración de derechos».
Por último, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano, señalo que a pesar de la situación que describe este informe anual hay indicadores positivos, «uno es que se logró en el ámbito penitenciario la reducción de personas que murieron, y en eso tiene mucho que ver la reducción de los homicidios entre personas detenidas. Ahí destacamos lo positivo de una política pública que se dio en esta gestión provincial que tiene que ver con la habilitación del uso de telefonía celular para las personas detenidas. Hoy tenés t3 homicidios dolosos, cuando hace diez años tenías 36. El teléfono garantiza la comunicación de las persona sino que baja la conflictividad aunque, es un elemento cuestionado por la oposición que plantea que con esos teléfonos se cometen delitos, cosa que es una falacia porque los delitos que se cometen en la cárcel son con teléfonos no registrados. Otro elemento importante a tener en cuenta es que bajaron la cantidad de personas muertas en comisarías, de 25 que habíamos relevado en 2022, bajaron a 15 el año pasado. Bajaron la cantidad de personas detenidas en comisarías también que era un problema que veníamos denunciando».
Producción: Eso que falta
Foto: CPM