En el marco de los despidos masivos en el empleo público, las trabajadoras y trabajadores de la Línea 137, que atiende a víctimas de violencia sexual y familiar, denunciaron el vaciamiento del sector. El programa está vinculado al programa “las víctimas contra las violencias” y brinda herramientas para acceder al asesoramiento legal mediante los Centros de Acceso a la Justicia. Laura Boggon, psicóloga, trabajadora de la Línea 137 y delegada de ATE, comentó cómo se implementaron los despidos y afirmó que a los y las trabajadoras «se les notificó el último día hábil el 29 de diciembre. Les llegó una notificación a su usuario en el sistema GDE que usamos en la administración pública, donde se les refería que no iban a ser renovados sus contratos. A quiénes quedamos, se nos prorrogó por tres meses y ahora en el mes de marzo estábamos esperando la misma modalidad, no obstante, no lo fue. El jueves 28 el primer día del feriado largo, casualmente, por la mañana comenzó a circular un anexo en donde figuraba una nómina de profesionales a quienes se nos prorrogaba el contrato. Recién el día 3 de abril, el primer día hábil después del fin de semana largo, pudimos acceder a la resolución que tenía ese anexo y ahí se manifestaba que quienes figurábamos en ese listado continuábamos con una prórroga del contrato ya existente hasta como máximo junio de 2024».
A estos despidos concretados mediante un resolución se suma la situación de «otros compañeros contratados por otra modalidad, el Artículo 9 y otra que es mediante un ente cooperador que es ACARA, esos compañeros trabajaron todo el fin de semana y el primer día hábil, el miércoles, pudieron acceder al edificio, pusieron la huella y se la reconoció, en el edificio no hubo policías, y cuando llegaron a su puesto de trabajo y quisieron ingresar al sistema para comenzar la labor les apareció el usuario inhabilitado. Algo muy violento realmente», afirmó Laura Boggon.
El escenario para el conjunto de trabajadores que están bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación es de mucha preocupación, no solo por la política de achicamiento del Estado que lleva adelante el gobierno, sino porque a su vez, pone en riesgo la continuidad de políticas públicas, muchas de vital importancia como la Línea 137. Por último, Laura Boggon señaló que de las autoridades no obtienen respuestas certeras, «a la actualidad hemos tenido algunas reuniones con autoridades, con la subsecretaria de acceso a la justicia que es de quién dependemos directamente y con los asesores del Secretario, no pudimos reunirnos con el ministro desde el gremio. En ambas oportunidades lo que se nos refiere es como desconcierto, que realmente no pensaron que iba a tener esta magnitud, o que iba a ser de esta manera o que no se suponía que las áreas de atención a víctimas iban a tener este recorte. Un discurso que vuelve a llevarte a esa falta de respuesta. Nadie sabe quién fue, pero fueron 20 despidos en la Línea, 250 en la Secretaría de Justicia en su totalidad, 600 en el Ministerio y sabemos que va a continuar. El mismo ministro dijo a los medios que a él con 2500 empleados y empleadas de los 6500 que tenía en ese momento en el Ministerio de Justicia le alcanzaba».
Producción: Eso que falta
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