El 26 de septiembre se conmemora el “Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”. En nuestro país, el Plan ENIA fue una política pública efectiva, con impacto comprobado en la reducción del embarazo adolescente en Argentina. Entre 2018 y 2022, logró bajar a la mitad la tasa de fecundidad adolescente.
Julieta Izcurdia, directora del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) explicó que este plan de prevención del embarazo no intencional en adolescentes «se creó con objetivo de promover el acceso a métodos anticonceptivos, a información, a consejerías en las escuelas vinculadas con la salud sexual desde la adolescencia».
A pesar de sus resultados, el Gobierno Nacional interrumpió su financiamiento, dejando a miles de adolescentes sin acceso a servicios clave de salud sexual y reproductiva. Julieta Izcurdia enumeró las consecuencias de este desfinanciamiento presupuestario en las partidas del Plan ENIA y de Educación Sexual Integral (ESI), a lo que se suman despidos masivos de trabajadores y la falta de articulación con las provincias.
Además de este desfinanciamiento, el Gobierno Nacional tampoco publica información actualizada sobre las estadísticas de embarazo adolescente. Julieta Izcurdia expresó que, a pesar de esto, desde las organizaciones que monitorean este tipo de casos observan un retroceso en lo simbólico, desinformación sobre anticonceptivos e IVE y una vuelta a las redes territoriales como lugar de contención en vez de recurrir al Estado.
En mayo de 2024 ELA realizó un primer informe junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad y la Red de Acceso al Aborto Seguro sobre «el impacto que tuvo el Plan ENIA durante sus seis años de implementación y las razones que existen para sostenerlo». Julieta Izcurdia dio detalles acerca de la actualización 2025 que publicaron el pasado junio, y afirmó que el plan «se terminó de desmantelar» y que la línea presupuestaria para el año que viene es «de un 2% de lo que se había ejecutado en 2023 y lo mismo pasa con la ESI». También habló sobre la acción judicial iniciada por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes contra el Ministerio de Salud de la Nación.
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