El 25 de octubre se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para discutir la “separata de gastos
tributarios”. Es el segundo año consecutivo en el que el Ministerio de Economía envía al Congreso de la Nación –junto con el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo– una separata sugiriendo revisar beneficios impositivos que tienen “un impacto negativo significativo en la sostenibilidad de las cuentas públicas.” De revisarse como sugiere el Ejecutivo, el presupuesto del año que viene podría tener un superávit del 1% del PIB. Dentro de la categoría de gastos tributarios entran los recursos que el Estado decide dejar de recaudar y que se puede implementar a través de exenciones, créditos o certificados fiscales, deducciones, moratorias, condonaciones.
«Deberían tener políticas públicas detrás para favorecer algunos consumos, zonas, actividades o industrias. Lo que pasa en la práctica es que esa política pública no existe detrás o no fue revisada a lo largo del tiempo. Esto hace que este tipo de gastos tenga un tratamiento más opaco que los gastos directos«, explicó Julieta Izcurdia, coordinadora del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
«Un dato interesantísimo que trae la separata es que solo con relación a inmuebles rurales, localizados en el exterior y que no pagan bienes personales, la titularidad se concentra en 400 personas. Se está decidiendo en este contexto de una construcción fiscal importante seguir sosteniendo este tipo de beneficios, por eso hablamos de privilegios«.
El total de los gastos tributarios sumados a otros beneficios impositivos equivalen al 25,6% de la recaudación de impuestos y representan un 4.7% del PIB, es decir, el equivalente al presupuesto del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de 15 Ministerios de Salud.
En este sentido Izcurdia sostuvo: «Obvio que no se pueden revisar todos, hay algunos gastos tributarios que se aplican sobre el iva y que implican la devolución del iva en productos de primera necesidad, pero hay muchos, al menos la mitad que podrían revisarse«.
Existen también regímenes fiscales especiales como el de la minería o el de la economía del conocimiento, que se regulan por otras leyes que no son las de los impuestos.
«Quienes venimos trabajando hace tiempo tratando de que sean más transparentes y mejor controlados los gastos tributarios vemos que por ejemplo el regimen minero requiere una revisión más seria para justificar por qué seguir sosteniéndolo«.
«Hay una especie de doble vara en términos de qué se visibiliza y cuánto le cuesta al Estado sostener gastos directos y sobre estos pasan por debajo en el debate. Incluso esta doble vara se aplica también en términos de acceso a la información. Desde ACIJ desde hace varios años estamos intentando acceder a esta información y nos encontramos discutiendo con AFIP la aplicación del secreto fiscal, porque hace una aplicación restrictiva y diferente de la que se le aplica a los gastos directos. El año pasado la Ministra de Desarrollo Social solicitó acceder a datos de beneficiarios del Potenciar Trabajo y el secreto fiscal se levantó inmediatamente. Pero con los beneficiarios de este tipo de privilegios todavía no es posible conseguir ese estándar. No se puede acceder a los datos de nombres y monto del beneficio, a pesar de que tiene el mismo interés público que los datos de la AUH o del Potenciar Trabajo«, finalizó Izcurdia.
La separata de impuestos se discutiría a posterior del balotaje junto con la totalidad del presupuesto para el año que viene.
Producción: Eso que falta
Foto: Laura Lescano / Télam
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