El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está intentando implementar un nuevo sistema de control de presentismo a partir del uso de datos biométricos de sus trabajadores. Pero a partir del cuestionamiento planteado por un trabajador, la Justicia Porteña frenó la Implementación de Reconocimiento Facial para Empleados Públicos. Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento – La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, se refirió a la causa y comentó que «los empleados eran forzados, no podían elegir entre un sistema de huella digital o datos biométricos faciales, sino que les dijeron que para continuar con el control del presentismo, para no quedar ausente tenían que dar sus datos. Un par de empleados decidieron no ceder estos datos y uno presentó una acción de amparo que nosotros patrocinamos. En esa acción de amparo lo que establecemos es que los datos biométricos faciales, al ser datos sensibles, de acuerdo a la ley de datos personales, son datos que no se le puede exigir a la persona, no se puede obligar a las personas que lo brinden. Para eso tiene que haber una ley de la legislatura y esa ley tiene que fundamentarse en el interés general. Bueno, ninguna de dos situaciones ocurrió en este caso, no había ninguna autorización legislativa para que el poder ejecutivo solicite esos datos u obligue a sus empleados. Por otra parte, tampoco había ninguna cuestión de interés general porque con la alternativa menos invasiva de la huella digital era suficiente para hacer el control del presentismo».
Uno de los trabajadores se negó a entregar sus datos biométricos al Gobierno porteño y representado por Baldiviezo, obtuvo un fallo en su favor. «Se presenta la acción judicial, la jueza dicta una medida precautelar donde obliga al gobierno a que con relación a este empleado, no con relación a todo, ya que se presentó un amparo individual, se tenía que realizar el control del presentismo a través de la huella digital y no obligándolo a hacer sus datos biométricos faciales». Además, Jonatan Baldiviezo añadió que, además, la justicia «solicitó información al gobierno para que acompañe el expediente donde se autorizó este tipo de control informático, que informe si esta base de datos está registrada en la base de datos de la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo es la autoridad de aplicación de la ley de datos personales de la ciudad. El gobierno acompañó información, pero de esa información no se deduce que haya un expediente concreto con relación al reconocimiento biométrico facial; que se haya registrado esta base de datos en en la Defensoría del Pueblo; que haya homologado el sistema informático y que exista alguna ley de la legislatura o, por lo menos, una regulación del poder ejecutivo que realmente este tipo de sistema de control del presentismo a través de datos biométricos faciales».
La falta de requisitos y argumentos para implementar esta disposición puso al descubierto una acción ilegal por parte del gobierno de Jorge Macri. Por lo tanto, contó Baldiviezo que, «descubrimos que no solamente estaba realizando una exigencia ilegal a sus empleados, sino que el sistema en sí y cómo está operando es de una ilegalidad completa. Esto lo ponemos en un contexto donde la ciudad ha venido impulsando ciertos sistemas para hacerse datos biométricos de la población. Recordemos que hace un par de años estableció el reconocimiento facial en las cámaras de la ciudad que genera un escándalo. Porque era para utilizarlo únicamente para búsqueda de prófugos, pero se descubrió que la ciudad le pedía al RENAPER, al registro de las personas, que le enviara esa información biométrica, pero no solamente de los prófugos, sino le pidió de 7 millones de personas. Y además, ahora también nos enteramos que la fiscalía de la ciudad contrató un sistema que se llama un software que se llama GearView, que es un sistema de reconocimiento facial que ayuda a buscar personas. El problema de este software es con qué compara la imagen o los datos biométricos que uno quiere buscar con datos que obtiene de manera abierta de las redes sociales del sistema. Es decir, es un sistema que empieza a capturar imágenes de las redes sociales de un país. Por lo tanto, cuando se sube a redes sociales nunca se da la autorización para que eso pueda estar en la base de datos. Esta empresa por esta forma de funcionamiento ya fue multada en muchísimos países europeos en el mundo».
Producción: Eso que falta