En el d\u00eda de ayer una multitud acompa\u00f1\u00f3 la movilizaci\u00f3n al Palacio de Tribunales impulsada por la CGT junto a las dos CTA, ATE y UTEP, entre otros, para rechazar el DNU 70\/2023 que prev\u00e9 la desregulaci\u00f3n total de la econom\u00eda y una ajuste que recaer\u00e1 en mayor medida sobre la clase trabajadora y los sectores m\u00e1s damnificados de la sociedad. Solo en materia de trabajo el gobierno de Javier Milei busca una profunda flexibilizaci\u00f3n laboral en detrimento de los derechos laborales legislados, por este motivo, la Central de trabajadores solicit\u00f3 a la justicia que el decreto se declare inconstitucional. <\/p>\n\n\n\n
Mat\u00edas Cremonte, presidente de la Asociaci\u00f3n Latinoamericana de Abogados Laboralistas, <\/strong>se refiri\u00f3 al decreto y afirm\u00f3 que, \u00abva a regir el 29 de diciembre excepto que un juez o jueza que antes diga lo contrario. Pero tiene tantas falencias formales y de fondo que es probable que el Poder Judicial lo declare inconstitucional y por ende, inaplicable. Formalmente es inconstitucional porque la Constituci\u00f3n Nacional le proh\u00edbe al presidente la Naci\u00f3n legislar, salvo en circunstancias muy excepcionales, por eso los decretos de necesidad y urgencia, pero tiene que haber necesidad, urgencia y muchas cosas m\u00e1s. En este caso no hay ninguna de las dos, por lo menos para legislar lo que hizo. El presidente habl\u00f3 de una emergencia social, \u00aby dice que hay salarios reales miserables, hay un 50% de pobreza, hay 40% de empleo no registrado. Podr\u00edamos coincidir con que esa situaci\u00f3n habla de una emergencia pero lo in\u00e9dito o absurdo es que, con esa emergencia pretenda hacer todo lo contrario de lo necesario para resolver esa emergencia\u00bb.<\/p>\n\n\n\n