En un escenario nacional marcado por el retroceso en materia de derechos, donde el Senado aprobó recientemente la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años, analizó esto la socióloga Ana Laura López. Durante la charla, la investigadora trató desarmar los mitos detrás de una ley que, lejos de combatir la inseguridad, se presenta como una gestión punitiva de la pobreza en un contexto de creciente exclusión.
López definió la aprobación de esta reforma no como un hecho aislado, sino como un punto de inflexión grave en las luchas históricas por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para la especialista, esta medida funciona como una distracción social frente a la crisis económica: «No es el gobierno de Milei, que es un loquito que viene y se le ocurre todo esto; yo creo que es un gran ofrecimiento de sangre a la sociedad, como si eso licuara los problemas que el pueblo trabajador tiene». En este sentido, la ley actúa como el reverso de la reforma laboral: precarización para los adultos y penalización para los jóvenes.
Frente a los discursos que criminalizan a la juventud, López aportó datos que contrastan con el imaginario de inseguridad construido por los medios y por el Estado Nacional. Según cifras de UNICEF, solo el 0,4% de los adolescentes en Argentina estuvo involucrado en causas penales. «Es absolutamente marginal. Se legisla con la idea de que hay una horda de adolescentes sanguinarios que nos van a matar, violar y secuestrar, y eso es estrictamente incierto», advirtio, y señalo, además, que en la Provincia de Buenos Aires los delitos graves cometidos por menores de 16 años representaron apenas el 0,1% del total en el último año.
Uno de los puntos clave de la entrevista fue la clarificación técnica sobre qué se votó realmente. López explico que la diferencia radica en la capacidad del Estado para administrar sufrimiento: «La imputabilidad es la capacidad de asignar responsabilidad. La punibilidad —que es lo que se sancionó— es la capacidad de recibir una condena. La palabra ‘pena’ significa dolor; estamos discutiendo el quantum de sufrimiento que una sociedad decide inocular sobre sus integrantes más jóvenes». La socióloga enfatizó que por debajo de la edad de punibilidad el Estado ya tiene herramientas de intervención, pero que optar por la vía penal es elegir una «picadora de carne» en lugar de protección.
El análisis de López también apuntó a la calidad técnica y moral de la nueva normativa, comparándola con decretos de gobiernos de facto. «Lograron hacer una ley peor de la que teníamos, con un sesgo sumamente punitivista y moralista. La ley habla de que los chicos tienen que hacer un proceso de arrepentimiento; es casi un principio monástico religioso, medieval».
*Producción: Buen día, fin del mundo.