El predio del Paseo Gigena, frente al Hipódromo de Buenos Aires es el nuevo negocio para los especuladores inmobiliarios con tierras públicas. En esta oportunidad, está involucrado el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. María Eva Koutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Observatorio del Derecho a la Ciudad se refirió a la concesión que ya es un escándalo de corrupción. «Sobre un enorme negocio, una vez más con nuestras tierras públicas, pero que en este caso involucra no solo a importantes funcionarios de la ciudad, sino también al propio ministro Caputo. Se trata de un emprendimiento inmobiliario que se lo conoce como el paseo que está ubicado frente al hipódromo de Buenos Aires. La historia de este emprendimiento en realidad se remonta al año 2018 cuando en la Legislatura porteña se vota la ley 6.086 que establecía que para este sector del Parque 3 de Febrero donde funcionaban las ex cocheras del Hipódromo de Palermo se elimine la Protección Histórica que tenía el predio y se autorice al Poder Ejecutivo para que ese predio donde funcionaban las cocheras puede ser privatizado o concesionado por 15 años con la posibilidad de extenderlo».
Koutsovitis, explicó que además, el grupo económico que se adjudicó la concesión pertenece a Caputo y Bausili, actuales funcionarios nacionales. Se trata de la «consultora que se llama Anker, la fundó Caputo y tiene como socio, ni más ni menos, que a Santiago Bausili, el actual presidente de el Banco Central. Finalmente, en este predio se construyó un emprendimiento comercial en donde está previsto que haya locales de gastronomía, estacionamiento, cines, teatros, bancos, consultoras y gimnasio a cambio de hacer negocio con las tierras públicas más caras de la Ciudad de Buenos Aires. Este grupo económico tenía que pagar un alquiler tenía que pagar un canon mensual».
Los beneficios obtenidos durante la gestión del ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta van desde haber logrado «no pagar alquiler o canon durante ocho años, es decir que, explotan las tierras más caras de la Ciudad de Buenos Aires a cambio cero pesos para la Ciudad. También lograron que esta concesión o esta privatización en lugar de ser por 15 años, como establecía la ley, se extendiera a 20 años. Lograron también que en lugar de construir nueve metros de altura como establecía la ley y eventualmente 13, alcanzaron 23 metros de altura por una disposición del Poder Ejecutivo». Además, María Eva Koutsovitis advirtió que «la Agencia de Protección Ambiental los eximirá de hacer el estudio de impacto ambiental. Algo totalmente absurdo si tenemos en cuenta que este emprendimiento está ubicado sobre dos cañerías maestras de Aysa de agua de alta presión que abastece a medio millón de personas».
Por último, en materia de habilitaciones y seguridad «la propia empresa prestadora ya advertía que el haber cambiado el uso del predio, es decir, de estacionamiento en desuso a centro comercial genera un importante aumento del riesgo porque, por supuesto, ahora va a haber muchísimas personas que van a estar visitando este lugar y una eventual rotura de estas cañerías que ahora soportan este gran shopping, no solamente este dejaría sin abastecimiento a medio millón de porteñas y porteños, sino que además, la rotura de estas cañerías podría ser una catástrofe si tenemos en cuenta que además, en este predio se ejecutaron subsuelos», advirtió la investigadora e integrante del Observatorio de Derecho a la Ciudad. Koutsovitis concluyó en que «para rematar todo este absurdo el Gobierno de la Ciudad ha decidido que, con el dinero de las y los porteños, vamos a tener que financiar las obras de infraestructura para trasladar estas cañerías maestras que están en riesgo como consecuencia de esta construcción en este parque público y entonces vamos a tener que destinar aproximadamente si 3.000 millones de pesos».
Producción: Eso que falta