El gobierno nacional mostró su determinación represiva ante las primeras manifestaciones que protestaron en la Plaza frente al Congreso nacional entre fines de enero y los primeros días de febrero hasta que el oficialismo decidió retirar el proyecto y levantó las sesiones. El despliegue represivo contó con efectivos de la Policía Federal, PSA, Prefectura, Gendarmería Nacional y contó con apoyo de Policía de la Ciudad. Según los organismos de derechos humanos se registraron detenciones arbitrarias, abuso de armas menos letales, personas heridas y lesiones oculares graves.
Victoria Darraidou, coordinadora de seguridad democrática y violencia institucional del CELS, se refirió a este nuevo escenario represivo y afirmó que «en estos últimos meses lo que podíamos pensar era cómo este gobierno ya venía en instancias de campaña cambiando claramente las narrativas con relación al derecho a la protesta e imponiendo esta idea de orden que, sabíamos que se trataba absolutamente de conservadurismo. Limitar el derecho a la protesta. También sabíamos de qué se trataba cuando supimos que iba a ser Patricia Bullrich nuevamente la ministra de Seguridad y ya había tenido en la gestión de Macri un impulso muy fuerte de limitar el derecho a la protesta y que no había logrado llegar a las instancias en las que está ahora. Todo esto que empezó como una narrativa efectivamente y lamentablemente fueron jornadas del mes de enero y febrero con clara represión en la calle protagonizada por fuerzas federales, acompañadas por la policía de la ciudad con detenciones arbitrarias. Lo que vemos es un uso absolutamente desmedido, abusivo de las fuerzas federales utilizando las que nosotros llamamos armas menos letales y el gobierno las llama no letales. Las llamamos menos letales porque hay muchísima evidencia que muestra que estas armas si pueden generar daños y hay evidencias en toda Latinoamérica del uso de estas armas en contextos de protesta social donde también se produjo la muerte de manifestantes utilizando estas armas».
Franco “Paco” Capone, es médico residente del Hospital Penna, parte de la Postas de Salud y Cuidado y militante del PTS. Durante la primera jornada de protesta el pasado 31 de enero, «vimos que empezó la represión de las fuerzas policiales con este gas. En una primera atención no notamos nada raro, atendimos normalmente pero al pasar las horas nos dábamos cuenta que la sintomatología no calmaba, incluso hasta la madrugada. Los compañeros y las compañeras nos decían que no paraba el dolor. Empezamos a estudiarlo un poco más y vimos que era una combinación y una concentración más fuerte entonces lo que generaba eran lesiones en la piel muy fuertes, irritativas de tipo quemadura química. Después investigamos que era una sustancia grasosa y cómo tratar de paliarla con el óleo calcáreo, con la leche entera, y pusimos en pie esta posta de sanitaria con mis compañeros y compañeras del PTS pero después se amplió totalmente. Hoy la posta sanitaria incluye una seccional en La Plata, en zona sur, en zona oeste, capital federal y acá somos 300 personas». En este sentido, Franco añadió que el próximo miércoles 28 de febrero a las 6 de la tarde se realizará otro taller de primeros auxilios para ampliar los conocimientos ofrecidos en el primer taller. Esta vez será en las puertas de la Facultad de Medicina de la UBA en la Ciudad de Buenos Aires.
El médico también advirtió que este nuevo gas implementado para reprimir está compuesto de «dos químicos, uno es la capsaicina que por lo general se encuentra en los picantes para la comida. Lo que hacen con estos gases es primero utilizar un dispositivo que tira a 6 metros este irritante que está muy concentrado. Incluso en el propio instrumental con el que tiran pueden graduar cuánto te quieren lesionar y a la vez, tiene un componente que es el CS que es una combinación del producto que es el gas lacrimógeno, entonces no es solamente una lesión por contacto de quien este a 3, 4 o 6 metros, sino que quien esté a 70 metros puede empezar a sentir dificultad respiratoria».
Los organismos de derechos humanos hicieron énfasis el uso y abuso de armas que caracterizan como menos letales pero no inofensivas. Victoria Darraidou, señaló que «así como está el gas pimienta con estas características que resultan novedosas en contextos de protesta social en la Argentina, hemos visto también un uso abusivo y muchos heridos con balas de goma que, también hay antecedentes en nuestro país de heridas graves y pérdidas oculares producidas por este tipo de armas y también en la región hay cuantiosas evidencias en ese sentido. Lo que remarcamos y venimos señalando como un serio problema es la falta de regulaciones en los sistemas de adquisición, de compra, y tampoco se traduce en protocolos de cómo las fuerzas de seguridad deben usar estas armas. Veíamos policías tirándole gas pimienta a una persona en la cara que solamente estaba hablando. El uso abusivo es total».
Por último, Franco Capone destacó que «la situación a la que nos está llevando el gobierno nacional es de un ataque brutal y no solo a la salud pública, a la educación pública, a las jubilaciones. Es una transferencia total de ingresos de la clase trabajadora que somos la gran mayoría a un puñado de ricos. Venimos denunciando mucho el ajuste que se lleva a cabo en todos los sectores y en especial en las jubilaciones».
Producción: Mapa de la policía
Foto: La izquierda diario
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