Ocurrió el pasado lunes 22 de julio en el barrio porteño de Belgrano, en la calle Cramer al 1600. La construcción estaba siendo reparada y producto del derrumbe un obrero permaneció atrapado entre los escombros durante varias horas y otro, fue rescatado y derivado de urgencia al Hospital Pirovano con politraumatismos en estado grave.
En apenas siete meses hubo al menos cuatro desmoronamientos edilicios en la Ciudad con víctimas fatales y heridos. Un relevamiento reciente indica que actualmente hay más de 5.500 edificios en riesgo de colapso. Diferentes organizaciones sociales y especializadas en infraestructura urbana aseguran que estos derrumbes se habían denunciado repetidamente y podrían haberse evitado.
Jonathan Valdiviezo, abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento “La Ciudad somos quienes la habitamos”, analizó la situación y comentó que «no es común la gran cantidad de derrumbes que se han producido en los últimos meses. Tampoco es común la cantidad de edificios linderos dañados por la construcción de los edificios nuevos. Algo está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires que nosotros creemos que está relacionado por una parte, con cierta flexibilidad en los controles del Gobierno». El abogado además señaló que «hay como una política del Estado de impulsar la sobre construcción en la ciudad eso genera una situación de casi impunidad de los constructores ya que no va a haber ningún obstáculo para las construcciones. Si durante la construcción se dañan edificios linderos antes el Estado frenaba la obra ante la mínima rajadura. Obviamente eso generaba un perjuicio a la construcción y eso todo constructor quería evitarlo y tenía mayor cuidado, no había tanta aceleración en los tiempos, o economía en los materiales. Se había generado cierta armonía entre la construcción y la ciudad existente. Todo eso desapareció en los últimos años».
El retiro del Estado y sus mecanismos de control implican que, tal como lo advierte Valdiviezo, «ahora prácticamente no hay ninguna obra que no genere afectaciones a edificios linderos. Hay casos muy paradigmáticos donde las viviendas son prácticamente partidas en dos y las construcciones siguen avanzando. Tenemos casos en Caballito, o en otros lugares donde el gobierno aún cuando las familias linderas tuvieron que ser desalojadas porque su casa quedó en situación de ruina, la obra sigue avanzando sin obstáculos. Estamos ante una situación de desregulación de los controles muy importante. Eso creo que es muy alarmante porque genera una sensación de inseguridad y de intranquilidad en toda la ciudad y los vecinos cada vez que ven que van a construir una obra empiezan con una situación de angustia e incertidumbre y una total orfandad de protección de parte del gobierno».
Finalmente el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad afirmó que «a partir del 2018 cuando se aprobó el Código Urbanístico hubo un estímulo a la sobrecosntrucción legalizado. Se incrementó la capacidad constructiva de las parcelas en toda la Ciudad entre un 300% y 700%». Además, esta situación de zonas en construcción permanente no considera que «en barrios de casas bajas donde antes había viviendas de uno o dos pisos de repente empiezan a aparecer edificios de 5 o 7 pisos. El Código no tuvo en cuenta y las constructoras tampoco están teniendo en cuenta la antigüedad de las casas linderas, muchas no tienen cimientos. En toda la ciudad estamos viendo un proceso de renovación inmobiliaria muy fuerte porque ahora con el incremento de la capacidad constructiva es un negocio comprar un predio, demoler y construir. Antes nadie compraba una parcela con una vivienda donde podías demoler y construir otra vivienda», analizó Valdiviezo.
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