El Gobierno acordó con un sector de la oposición «dialoguista» cuáles serán los artículos que quedarán en el dictamen del proyecto de Ley ómnibus que pasará a debate en el recinto de diputados. La sesión estaba prevista para mañana martes 30 de enero, sin embargo, todavía no está definida la fecha y se especula con la posibilidad de que el oficialismo convoque para el próximo jueves.
Del Título de Seguridad y Defensa del proyecto de ley, sólo se eliminó el artículo 331 en el que se instaba a pedir autorización para la “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”. El resto de los artículos en materia de seguridad y defensa despiertan la preocupación de diferentes representantes de Derechos Humanos de la ONU que viajaron en una misión especial el 10 de enero a Buenos Aires para reunirse con la Canciller Diana Mondino; el Ministro de Justica, Cúneo Libarona; distintos organismos de Derechos Humanos; y organizaciones de la Sociedad Civil. Los presidentes de las comisiones por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestaron su preocupación por potenciales vulneraciones a las obligaciones y estándares internacionales de los Derechos Humanos.
Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021, se refirió a las consecuencias que puede traer la aprobación del DNU y la Ley ómnibus. «Hay dos problemas graves que acarrea el proyecto de la Ley ómnibus», afirmó la ex funcionaria y añadió que «el Capítulo 1 declara la emergencia en seguridad y también en defensa y le transfiere al Poder Ejecutivo las competencias del Poder Legislativo, con lo cual podría en el plazo de esa emergencia legislar sin la intervención del Congreso. Eso podría afectar las leyes de seguridad interior y la ley de defensa en el futuro que son los grandes ordenadores de las facultades que tienen las fuerzas».
Estas modificaciones en el proyecto de ley además, penaliza la protesta social. Frederic advirtió que «hay un capítulo que se llama Seguridad y Defensa en el proyecto de Ley que tiene consecuencias sobre las fuerzas federales, principalmente, y todas aquellas jurisdicciones que adhieran a una parte de ese capítulo que refiere al tratamiento de las protestas que agudiza las penas y las eleva». Por otra parte, la ex ministra de seguridad señaló que, «la reforma del Código Penal, del título Legítima Defensa, lo que hace es legalizar el «gatillo fácil», yo diría que es casi como la pena de muerte. Es entregar a la policía la posibilidad de hacer ejecuciones extrajudiciales».
Por último, María del Carmen Verdú, abogada y titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), se refirió a las implicancias del mega DNU y de la Ley ómnibus y sostuvo que, «además de contener disposiciones en consonancia con los protocolos del ministerio de Patricia Bullrich, fulminan como criminales el derecho de reunión, de libre expresión y de protesta frente a todas las decisiones impopulares que estamos viendo». Al igual que Frederic, Verdú advierte que, «de manera explícita y sin ambigüedades legitima el «gatillo fácil» como forma natural de intervención de las fuerzas de seguridad. Si alguien aparenta una actitud sospechosa o intenta cometer un delito pero desiste y huye quien le dispare por la espalda no será punible. La familia no tendrá derecho a recurrir a la justicia para reclamar que se investigue el hecho y se determine la responsabilidad penal y la norma aclara que esto es así, aunque no concurran los eximentes, es decir, aún cuando no haya legítima defensa ni legítimo cumplimiento del deber ni estado de necesidad. Si esta norma se aprueba se convalidará por ley el «gatillo fácil» y además, se priva del derecho de querellar para investigar el hecho a la familia, con lo que bastará la palabra del policía, el prefecto, o el gendarme, de que existió esa actitud sospechosa o ese intento de fuga para que cualquier muerte quede impune.
Producción: El mapa de la policía
Foto: Juan Quelinpani | FM La Tribu
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