Durante la tarde de ayer se iniciaron las 36 horas de Paro Nacional convocada por la CGT. Los gremios confederados en la central de trabajadores, organizaciones sociales, partidos políticos y diferentes sectores se movilizaron junto a las y los jubilados al Congreso. En esta oportunidad, la CGT decidió respaldar el reclamo de cada miércoles de los jubilados y además, llamar a un Paro Nacional que se extenderá hasta primera hora del día 11 de abril. El acatamiento a la medida de fuerza fue total, sin embargo, desde el anuncio estuvo en la mira la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) debido a la confirmación de su titular, Roberto Fernández, de no acatar la huelga general para el servicio de colectivos debido a la vigencia de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo por el conflicto de negociación paritaria del sector.
Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, analizó la decisión del gremio del transporte y afirmó que «al gobierno no le cae muy bien que la CGT (y menos en este contexto donde no le estarían saliendo tan bien las cosas) al ser una medida muy fuerte, muy contundente para la CGT, para el gobierno es un problema y empieza a haber ciertas acciones para desactivar la huelga o, por lo menos, para bajarle el precio. Una de esas tiene que ver con la propia dinámica de las huelgas generales es tratar de garantizar el transporte público de pasajeros para ese día». En este sentido, Campos explicó que «si para el 100% del transporte público, no solo va a ser un tema para el sector sino que va a ser un tema para el resto. Entonces, hay algunas actividades estratégicas en las cuales el gobierno está tratando de operar, no diría para desactivar la huelga general, pero sí para bajarle el precio».
«En el ámbito metropolitano hay dos sectores claves», explicó el investigador de la CTA Autónoma, «el sector ferroviario, que diría que el gobierno ya lo da por perdido. Lo que no dio por perdido, y acá me parece que se juega parte de la discusión, es el caso de los colectivos, el transporte automotor de pasajeros. Aquí hubo un conflicto que se generó dentro de la paritaria del transporte automotor de pasajeros en el cual el gobierno dictó la conciliación obligatoria. La pregunta es, si esta conciliación obligatoria que le impide a, en este caso la UTA, hacer medidas de fuerza durante 10 días que incluiría el 10 de abril, porque esta conciliación obligatoria va a estar vigente el día de la huelga general, la pregunta es si esto le impide a la UTA sumarse a la huelga general o no. Y acá hay dos respuestas, la respuesta estrictamente formal, jurídica, técnica es no afecta en lo más mínimo», explicó Luis Campos.
El investigador de la CTA Autónoma detalló que «la conciliación obligatoria se dicta por un tema en particular que, en este caso, es el salarial, eso no te impide hacer reclamos por otros temas. El paro general tiene otra motivación, de hecho no hay posibilidad de dictar una conciliación obligatoria en un paro general. Entonces, esta es la respuesta técnica, jurídica, ahora políticamente claramente el gobierno nacional va a usar el argumento de la conciliación obligatoria para tratar de presionar y de, en todo caso, justificar un accionar tendiente a desarticular la participación de los trabajadores del transporte automotor de pasajeros en la huelga general».
Por último, Luis Campos se refirió a las posibles multas que se pudieran aplicar en caso de violar la conciliación obligatoria. En este aspecto, Campos afirmó que «cuando un sindicato o una cámara patronal no cumplen con la conciliación obligatoria, la ley nacional le da la herramienta a la Secretaría de Trabajo, en este caso, de imponer determinado tipo de sanción. Tenemos algunos antecedentes muy cercanos de multas millonarias que se impusieron durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri a camioneros y a SUTEBA, los docentes en la provincia de Buenos Aires, fueron multas muy importantes en su momento que terminaron frenadas la justicia. No es tan fácil, que primero se tiene que justificar, en este caso la autoridad de aplicación, el secretario de trabajo, tendría que justificar esa violación de la conciliación obligatoria, que en este caso no tendría mucha razón de ser porque claramente el origen y la la razón de este conflicto, de esta medida de fuerza del 10 de abril no tiene nada que ver con el conflicto salarial de la UTA, son cuestiones absolutamente distintas. Así que no habría mucha argumentación posible para justificar algún tipo de sanción», concluyó.
Producción: Eso que falta